Pronunciamiento del Segundo Encuentro Regional Altos en Defensa de la Vida, la Tierra y el Territorio

Villa Las Rosas, Chiapas, México; 19 de mayo de 2018

Pronunciamiento del Encuentro Regional

en Defensa de la Vida, la Tierra y el Territorio

Mujeres y hombres de distintas comunidades y organizaciones de la Zona Altos, Centro y Llanos nos reunimos los días 18 y 19 de mayo en Villa Las Rosas para compartir en este Segundo Encuentro Regional donde intercambiamos información, reflexión, análisis y denuncia sobre los proyectos neoliberales y extractivistas de muerte que amenazan nuestras vidas, tierras y territorios como pueblos originarios que somos.

Durante este Encuentro hicimos memoria para recordar que desde los inicios del capitalismo comenzó la acumulación de las riquezas, la propiedad privada, la división del trabajo, el acaparamiento de los medios de producción, la explotación de la humanidad, el despojo de los bienes comunes como la tierra, la perdida de soberanía, la invasión de la industria de los agrótoxicos, la ocupación militar de nuestros territorios y la desigualdad de clase, género y etnia.

Compartimos como a lo largo del tiempo el capitalismo ha ido implementando nuevas formas de despojo y de ocupación directa como ahora la Ley de Seguridad Interior (LSI) que entre sus principales consecuencias está la facultad del ejército y las fuerzas armadas para neutralizar actos de resistencia pacifica, practicar detenciones arbitrarias, asegurar bienes, realizar investigaciones, intervenir comunicaciones privadas, recolectar información a través de distintos métodos y recibir posibles denuncias.

Esta Ley de Seguridad fue rechazada por muchas organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales ya que se aprobó a pesar de los altos índices de violencia, los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el ejército apoyando a grupos paramilitares y la creciente conflictividad que se agrava con el proceso electoral que estamos viviendo hoy en México.

También compartimos que no sólo las leyes que violan derechos humanos son las que están afectando nuestras comunidades, en muchos lugares hoy estamos haciendo frente a los programas de gobierno que generan, división, dependencia y control social, incluso en algunos casos hay programas que sólo traen más contaminación, enfermedades y muerte como la entrega de fertilizantes y agrotóxicos según para mejorar nuestros alimentos.

Sin embargo, ubicamos que los agrotóxicos tienen incluso un efecto más agresivo y violento en el cuerpo de las mujeres ya que los químicos y veneno que contienen estos productos afectan la vida de las generaciones que vienen a través de las niñas y niños que nacen con enfermedades o padecimientos derivados de estos agroquímicos, esta situación trae encadenado otro problema que es el de la salud pública ya que como familias nos vemos en la necesidad de buscar atención especializada y comprar medicamentos que sólo enriquecen a las empresas farmacéuticas.

Por eso denunciamos que la industria de los agrotóxicos cada vez va generando mayor dependencia de estos productos nocivos ya que, por ejemplo, la maleza se va haciendo más resistente a los químicos que se aplican obligando a comprar nuevas marcas, y en los cultivos cuando se emplean químicos para acelerar la producción estamos consumiendo más productos contaminados afectando seriamente nuestras condiciones de salud.

Esta cadena además amenaza a nuestras semillas nativas que pretenden extinguir hasta que entremos al círculo de consumo y dependencia alimentaria que las empresas transnacionales buscan imponer.

Nos preocupa también que, como parte de toda esta violencia estructural e institucional, se suman las agresiones de grupos de choque, partidistas,  de la delincuencia organizada y el narcotráfico que buscan dividir nuestros pueblos por el hecho que decidimos organizarnos y resistir de manera civil y pacifica.

Ante ello, nos pronunciamos:

  • Hoy, 19 de Mayo, día de acción global contra las empresas de Bayer y Monsanto expresamos nuestro rechazo a estos productos de muerte y destrucción que atentan contra la soberanía alimentaria, la salud de nuestras familias y la autonomía de nuestros pueblos.
  • Rechazamos la implementación de la Ley de Seguridad Interior ya que significa la militarización de la vida comunitaria y un estado de guerra contra la población civil.
  • Denunciamos el uso de los programas sociales para controlar al pueblo para que no se movilice y se conforme con la situación de pobreza y saqueo que vivimos.
  • Denunciamos la afectación a la madre tierra, la contaminación del agua, ríos, manantiales, derivado de los residuos tóxicos por los agroquímicos, fertilizantes y herbicidas que se usan para acelerar la producción de alimentos de empresas transnacionales.
  • Responsabilizamos a las autoridades de los tres niveles de gobierno por no garantizar el cumplimiento de los derechos humanos a una vida digna.
  • Reprobamos la agresión directa que sufrió nuestra compañera María Guzmán Pérez, integrante de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, a quien el día 25 de Abril la amenazaron de muerte por mantenerse en la resistencia civil y pacifica.

Nos comprometemos a:

  • Continuar denunciando a través de los medios de comunicación a nuestro alcance, así como realizando brigadas informativas para concientizar a quienes no han despertado.
  • Hacer cultivos orgánicos, no usar agroquímicos, conservar nuestro suelos y producir de manera sana para ir fomentando la soberanía alimentaria.
  • Rechazar las migajas y engaños de los partidos políticos.
  • Seguir organizándonos para ejercer nuestros derechos y compartir la información con más comunidades y organizaciones dispuestos a luchar.
  • No permitir la militarización de nuestros pueblos y defender la autodeterminación y autonomía de nuestros pueblos.
  • Impulsar y respetar la participación de las mujeres en la toma de decisiones.
  • Estar pendientes de nuestras compañeras y compañeros de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal por las agresiones que están denunciando para exigir la paz, verdad y justicia para los mártires de Acteal.
  • Vigilar lo que ocurre en nuestras comunidades sobre las amenazas de los proyectos de gobierno, los agrotóxicos, las incursiones militares, las empresas mineras, las amenazas de la CFE y de los que buscan privatizar el agua y nuestros recursos naturales para no permitir el despojo y mantenernos organizadas y articuladas como pueblos que somos.

¡¡¡No más violencia contra las mujeres!!!

¡¡¡No a la militarización de nuestros territorios, Alto a la Ley de Seguridad Interior!!!

¡¡¡Organizadas por la defensa de la vida, la tierra y el territorio!!!

 

  

Atentamente:

Mujeres y hombres participantes en el

Encuentro Regional en Villa Las Rosas, Chiapas.

 

Descarga el pronunciamiento en PDF aquí

Galería de fotos, disponible aquí: https://bit.ly/2GF8aax

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En solidaridad: PRONUNCIAMIENTO DE LOS PUEBLOS ZOQUES DE CHIAPAS A 36 AÑOS DE LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN CHICHONAL.

Francisco León, Chiapas; 24 de marzo de 2018.

PRONUNCIAMIENTO DE LOS PUEBLOS ZOQUES DE CHIAPAS A 36 AÑOS DE LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN CHICHONAL.

A los pueblos del mundo

A los pueblos indígenas de América

Al pueblo de México y Chiapas

A todos nuestros hermanos y hermanas Ore Tzame,

A todos nuestros muertos de 1982.

En este día, queremos saludar a todos los hombres y mujeres que luchan por su vida desde cualquier rincón del mundo para construir un mejor lugar para vivir, pero en especial a todos los pueblos que luchan por la vida, el territorio y la tierra. Estamos reunidos 2,085 zoques de 49 pueblos provenientes de 9 municipios de Chiapas para demostrar al mundo y a la historia que los pueblos originarios estamos de pie.

Los pueblos zoques de Chiapas vemos con profunda preocupación que los problemas del mundo se están agravando en el campo, en la ciudad, en nuestras comunidades, en la familia, en el ambiente, en nuestra vida personal y colectiva. Hoy cada vez hay más calor, más contaminación de los ríos y los arroyos, menos montañas y selvas, más infertilidad de los suelos, menos trabajo, menos alimentos, más inseguridad y más enfermedades.

Nosotros mismos los humanos somos responsables; pero gran parte son los países ricos del norte, los gobiernos, las empresas privadas, los partidos políticos y los hombres codiciosos del dinero que quieren explotar todo sin respetar la vida y el territorio de los pueblos indígenas. Ellos nos han llevado a esta crisis de la humanidad.

Esta crisis no es de ahora porque ya tiene un largo rato que a los pueblos indígenas nos han venido asesinando y sacando de este lugar; hace 4 siglos las epidemias traídas de Europa y la hambruna mataron a miles de zoques aquí en Magdalena y Chapultenango; durante el Porfiriato las empresas extranjeras nos despojaron de las mejores tierras y nos convirtieron en esclavos en las fincas de los ricos; durante el tiempo de Tomás Garrido Canabal nos obligaron a huir a las montañas; nos obligaron a dejar nuestros trajes, nuestras creencias y a olvidar nuestra lengua . A cambio nos trajeron eso que llaman “modernización” como presas hidroeléctricas, máquinas para sacar petróleo en Ostuacán, escuelas para enseñar español y avionetas para que los ricos sacaran todo el café, el barbasco y el cacao. A cambio nos dieron tierras en barrancos, pobreza, discriminación y olvido.

Cuando quisimos pelear por nuestros derechos fuimos asesinados como Gervasio Sánchez de Chapultenango en 1966; como Sebastián Díaz Domínguez en la finca San Luis de Pichucalco en 1995 o encarcelados y perseguidos como los zoques de Jomenaz y La Providencia de Ixtacomitán en 1995.

El problema más grave ocurrió hace 36 años aquí en estas tierras; más de 2 mil zoques fueron asesinados por una orden militar y por el vulcanólogo Federico Mosser cuando a las familias de Francisco León, Ostuacán y Chapultenango se les prohibió salir de sus casas y abandonar sus tierras durante la segunda erupción del Volcán Chichonal. Como muestra, en la colonia Tanchichal murieron más de 100 niños y niñas que no pudieron salir; otros más murieron de diarrea en los albergues de La Chacona en Tuxtla y Villahermosa; otros murieron en la Selva Lacandona o en Veracruz, donde fuimos enviados a las montañas para no estorbar aquí. Por eso, hoy recordamos la gran injusticia contra nuestros muertos contra nuestros abuelos, tías, tíos, sobrinos y compañeras que murieron en 1982. Por ellos, estamos aquí.

Ahora, otro crimen y despojo quieren cometer contra nuestros pueblos: los países ricos quieren venir a saquear nuestros recursos; quieren poner 12 pozos petroleros para despojarnos de 84 mil hectáreas desde Ixtapangajoya hasta Tecpatán; quieren extraer minerales y agua en 70 mil hectáreas desde Tapalapa hasta Ostuacán; quieren ampliar la presa de Chicoasén y poner represas en Ocotepec y Ostuacán; quieren poner una geotermia en el volcán Chichonal para quitarnos 15 mil hectáreas. Estos proyectos suman un total de 170 mil hectáreas de tierras amenazadas para los próximos 30 años.

Como pueden ver, la historia de nuestros pueblos zoques es una historia de exterminio, de despojo de recursos, de dominación y explotación, pero aquí estamos de pie, defendiéndonos porque nos negamos a morir, así como nuestra lengua Ore Tzame que nos heredaron desde hace más 2 mil 500 años. Aquí seguiremos mucho tiempo más. Nunca nos rendiremos porque los indígenas no somos el problema sino el sistema económico y político del mundo.

A los pueblos queremos decirles que sí se puede expulsar a los proyectos de muerte y cambiar al sistema. En 2005 y 2006, los pueblos de Pantepec lograron sacar a las mineras en San Isidro las Banderas; también en San Francisco Jaconá en Tapilula y en Buenos Aires en Chapultenango. El golpe más duro apenas fue el 22 de junio del año pasado durante la peregrinación a Tuxtla Gutiérrez cuando la fe y la organización de nuestros pueblos pudo detener la ronda petrolera 2.2 que amenazaba con sacar aceite y gas natural que se encuentran debajo de nuestras tierras.

Ese día fuimos a decirles al gobierno y a la sociedad que los zoques respetamos y amamos a la tierra porque es nuestra madre que nos da vida y alimentos, por eso la defendemos y la cuidamos. Hoy declaramos al territorio zoque como zona de salvaguarda para que ningún mineral y gas sean extraídos de estas tierras, por eso, solicitamos al gobierno de México respete y reconozca nuestra libre determinación con base a la constitución y al convenio 169 de la OIT.

Hacemos un llamado a la gente de la ciudad a organizarse, a los trabajadores, a los sindicatos, a los académicos, a los intelectuales, a las mujeres, a los jóvenes, a los estudiantes, a los burócratas porque solos no podremos detener la barbarie que pretenden cometer los proyectos de muerte contra la vida del planeta, la naturaleza y la vida de nuestros pueblos. Por eso, allá en la ciudad a ustedes también les toca defender nuestra madre tierra porque no podemos heredar esta crisis y este mundo a nuestros hijos o hijas

Desde aquí nos solidarizamos con aquellos pueblos amenazados que también luchan por su territorio y su vida; nuestra fuerza está con el Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan; con el pueblo Mapuche en Argentina y Chile, con el pueblo Nasa en Colombia, con el pueblo Quechua en Bolivia y Ecuador; con el pueblo Munduruku en Brasil; con todos los pueblos de México que luchan contra los hidrocarburos, la minería, los gasoductos, las represas y todos los proyectos de muerte.

Hacemos un llamado a construir alternativas y a seguir organizándonos desde cualquier lugar para luchar por la vida y por el territorio porque un pueblo es libre si su tierra es libre.

Desde el territorio zoque de Chiapas

¡No a los hidrocarburos!

¡No a la minería!

¡Alto a los proyectos de muerte!

Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra

Fuente original: https://zoques.wordpress.com/comunicados/

Leyes en México en el desamparo

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 06 de marzo de 2018

Comunicado de prensa conjunto

 Leyes en México en el desamparo

Tras la realización del “Foro Detengamos la Militarización. Análisis de la Ley de Seguridad Interior”, diversas organizaciones civiles defensoras de derechos humanos y 87 personas en lo individual presentamos el pasado 02 de febrero de 2018 una demanda de Amparo Indirecto en contra de la Ley de Seguridad Interior (LSI). El recurso fue radicado en el Juzgado Cuarto de Distrito, a cargo del Juez Mario Fernando Gallegos León, del vigésimo circuito, con sede en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Seis días después, el 08 de febrero, el citado Juez declaró improcedente el recurso al interpretar que quienes solicitamos el Amparo No. 127/2018 no nos asiste un interés legítimo por no ser un grupo vulnerable ni formar parte de algún grupo en particular que haya sufrido o sufra el agravio de los efectos de la LSI que se argumentan en la demanda.

En consecuencia, el pasado 15 de febrero, las organizaciones y personas firmantes del Amparo promovimos recurso de queja a fin de dejar sin efecto el acuerdo resuelto por el Juez Mario Gallegos para que se ordene admitir a trámite la demanda de amparo.

Estas acciones legales forman parte de los acuerdos alcanzados en el Foro de Análisis en donde se desprendieron varias propuestas de carácter político para reivindicar la defensa y ejercicio de Derechos Humanos que serían violados tras la implementación de la LSI al otorgar facultades a las Fuerzas Armadas en la realización de tareas de Seguridad Pública y Ciudadana atribuibles a cuerpos civiles de seguridad en el Estado.

En la argumentación del Amparo promovido, las personas defensoras de Derechos Humanos llamamos la atención sobre la flagrante violación de la LSI a la Constitución Mexicana ya que tras las reformas constitucionales de 2011 se debería ponderar el interés legítimo, el principio pro persona y la progresividad e interdependencia de los derechos humanos, mismos que han sido violados en México como lo hemos documentado tras la intervención del Ejército en distintas actuaciones que representan casos de crímenes de lesa humanidad ante instancias Internacionales de Derechos Humanos.

En ese sentido, el pasado 2 de marzo, el Colectivo Seguridad Sin Guerra dejó patente en audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la Ley de Seguridad Interior viola la Constitución y los tratados internacionales; no soluciona los problemas de inseguridad; no contiene contrapesos y controles para supervisar el despliegue militar extraordinario que impulsa; eleva a rango legal una estrategia en materia de seguridad que ha fallado a la largo de la última década; y trastoca la relación cívico militar, dotando de poderes sin contrapesos al sector castrense lo que conlleva un riesgo sustantivo dada la fragilidad institucional de nuestro país.

De manera particular argumentamos que la Ley de Seguridad Interior contraviene diversos artículos de la Constitución Mexicana que amparan el reconocimiento de la conciencia de la identidad indígena que deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas en México (Artículo 2); el respeto a la tierra, territorio y bienes naturales de la nación y de los pueblos originarios (artículo 27); así como los artículos que amparan el derecho al libre tránsito, libertad de expresión, derecho a la información y protección de datos personales, derecho de asociación y protesta social, así como los relativos a garantizar el debido proceso y la seguridad jurídica de las y los ciudadanos; es importante recordar además que ni el Poder Ejecutivo ni la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) deciden por sí mismas ya que las entidades y municipios son encargados de la seguridad pública de carácter civil y en tiempos de paz, los militares deben estar en sus cuarteles y fuera de las poblaciones.

Por si ello fuera poco el Juez Gallegos León, que resolvió desechar el Amparo, ignoró reconocer nuestro legitimo interés y nuestra identidad como Personas Defensoras cuyo mandato está consignado en el marco normativo internacional que México ha suscrito y ratificado en Tratados y Pactos Internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los Derechos Humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará) en el caso especifico de quienes defendemos Derechos Humanos de las Mujeres.

No obstante, sabemos también que la Ley de Seguridad Interior va de la mano de otros acuerdos y pactos políticos y económicos que tienen especial interés en el control social de nuestro territorio; en el caso particular de Chiapas la implementación por decreto de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) tiene por objeto facilitar el despojo de los recursos naturales, energéticos y no renovables que se encuentran en la zona fronteriza de Chiapas y Guatemala.

Este decreto que sí implica la entrega de la economía, la soberanía y la riqueza nacional a Estados Unidos y las empresas multilaterales, no encuentra obstáculos y límites al dejar libres de impuestos a las empresas inversionistas, les otorga excepcionalidad arancelaria, tribunales autónomos e independientes para que puedan adoptar sistemas jurídicos propios dentro de las ZEE.

En ese mismo sentido en distintas ocasiones hemos denunciado que la LSI representa además la continuidad del carácter contrainsurgente del Estado Mexicano para tratar el Conflicto Armado Interno en Chiapas, que entre sus múltiples consecuencias ha dejado a miles de personas desplazadas de manera forzada, ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales, feminicidios, tortura, desaparición forzada, rompimiento del tejido social y la creación de grupos paramilitares que hoy actúan en las regiones Altos, Norte y Selva con impunidad garantizada.

Por todo ello, y pese a que los jueces estén negado el recurso de Amparo, como ciudadanos refrendamos que nuestro derecho está fundado en la Constitución Política denunciando la amenaza individual, colectiva y generalizada que implica el proceso de militarización en el país.

Nuestro interés legítimo no requiere de un derecho subjetivo (como el derecho individual y material y directo), ya que el proceso de militarización que implica la Ley de Seguridad Interna sólo contribuirá a generar más violencia y condiciones para que violaciones a los derechos humanos queden en impunidad.

Finalmente, es de vital importancia que jueces, magistrados y administradores de justicia en los distintos órganos conozcan, lean y atiendan las críticas fundadas a la LSI que han hecho instancias como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH); la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; los relatores especiales de la ONU; rectores de las universidades nacionales; organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch; especialistas en derecho y en seguridad; víctimas de violaciones a derechos humanos; comunidad artística e intelectual; organizaciones, comunidades, colectivos y movimientos; y más de 250,000 personas que enviaron comunicaciones externando su preocupación.

 

 

Melel Xojobal, AC

Foro para el Desarrollo Sustentable, AC (FORO)

Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, AC (CDMCH)

Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, AC (COLEM),

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, AC (Frayba)

Movimiento en Defensa de la Tierra, el Territorio y por la Participación y el Reconocimiento de las Mujeres en las Decisiones.

 

87 personas en lo individual (firmantes del Amparo)

Descarga el comunicado conjunto en PDF aquí

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Fotografía: Cortesía de Radio Zapote

Rechazo total a la entrega de la Medalla Belisario Domínguez a Julia Carabias Lilo

México, Diciembre 07, 2017

Al Pueblo de México

Al Senado de la República

Al Congreso de la Unión

Rechazo total a la entrega de la Medalla Belisario Domínguez1 a Julia Carabias Lilo,

por significar un premio al despojo violento de territorios indígenas, a la flagrante e impune violación de derechos elementales de comunidades y familias indígenas, a la privatización de los bienes naturales y al uso de cargos públicos para enriquecerse con la invaluable diversidad biológica y bellezas escénicas del sureste de nuestro país

Las abajo firmantes, organizaciones y personalidades de la sociedad civil, defensoras de Derechos Indígenas, Derechos de las Mujeres y Derechos de la Naturaleza, externamos públicamente ante el pueblo de México, nuestro total rechazo y repudio a la inmerecida entrega de Medalla Belisario Domínguez a Julia Carabias Lilo, …“científica comprometida que lucha en defensa del medio ambiente y el desarrollo sustentable”, según palabras del presidente de la comisión del Senado para la Entrega de la medalla Belisario Domínguez, senador Roberto Albores Guillén (hijo del sanguinario represor y contrainsurgente exgobernador chiapaneco del mismo nombre).

En realidad -de acuerdo a los hechos- Julia Carabias Lilo es la más connotada representante mexicana de los negocios del capitalismo verde, en complicidad con empresas privadas o incluso para su propio beneficio y de sus muy diferentes supuesta ongs fundadas por ella (“Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, AC” (ENDESU,AC); “Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente” (CeIBA ) y actualmente, “Natura, Ecosistemas Mexicanos, AC”) para lo cual, desde su llegada a la presidencia del Instituto Nacional de Ecología (INE) en 1994 – con Carlos Salinas de Gortari-; luego a lo largo de su gestión como Secretaria de Medio Ambiente y Pesca – Recursos Naturales (SEMARNAP-SEMARNAT 1994-2000) y en su posterior trayectoria hasta a la fecha, ha promovido en la Selva Lacandona (Reserva de Biosfera Montes Azules) abiertos actos de militarización y desestabilización social con provocadoras acciones contrainsurgentes y, sobre todo, impulsando una cruenta política de despojo y despeje territorial, vía reubicaciones forzosas y desalojos violentos de más de treinta comunidades indígenas y hasta una cruenta masacre (Viejo Velasco, noviembre 15, 2006) todo ello fundamentado en un fraude histórico y agrario (Comunidad Lacandona), y disfrazando estos actos de una verde filantropía, “por bien de la humanidad”, plasmado en su Plan estratégico Lacandona SXXI (elaborado en conjunto con la multinacional conservacionista Conservation International –CI- contando con el financiamiento de la Agencia Internacional para el Desarrollo –AID- del gobierno de los EUA). Con esta política se ha venido violando flagrantemente, derechos fundamentales de dichas comunidades y familias indígenas, como son los derechos a la tierra, al territorio, al resguardo y manejo de bienes naturales, a la integridad y a la vida misma, y con ello, la hoy premiada, se ha venido apropiando, para beneficio propio, de cuantiosos negocios basados en “la conservación de la selva”, como son:

  1. La apropiación y conversión de lo que fuera la Estación Biológica de Chajul (UNAM)(porción sur de la REBIMA) en un exclusivo hotel de turismo de élite y de turismo científico (bioprospección), usando para ello -en un acto impune de peculado- $7 millones de pesos donados en 1999 por la Unión Europea al gobierno de México, vía un Convenio de Cooperación Técnica;

  1. El uso de $10 millones de pesos donados en 2000 por la empresa multinacional Ford Motors Company al Fideicomiso para la Conservación de la Reserva de Biosfera Montes Azules (REBIMA), para la supuesta construcción de una nueva Estación Biológica en la desembocadura del Río Tzendales (porción sur de la REBIMA) finamente transformado por Julia Carabias en otro exclusivo hotel de ecoturismo de élite;

  1. El supuesto “Criadero Extensivo de Mariposas Boca de Chajul”, autorizado por la misma Carabias, en su calidad de presidenta del INE (octubre 1994) mismo que incluyó el permiso otorgado a su propio grupo, para la captura y comercialización de 12 mil ejemplares mensuales de 544 especies de mariposas diurnas de la selva, pagadas a indígenas captores en una miseria, para ser exportadas y revendidas a coleccionistas privados de Estados Unidos, Japón y Europa a precios exorbitantes;
  1. Durante su gestión en SEMARNAP, J. Carabias promovió la elaboración, firma y convenios de bioprospección y saqueo del conocimiento indígena y de la biodiversidad, con fines de lucro, de parte de empresas farmacéuticas multinacionales, como fueron el convenio UNAM-Diversa (zonas áridas); el convenio entre la farmacéutica Novartis y la Unión de Comunidades Indígenas Zapotecas UZACHI, en la Sierra Juárez de Oaxaca, y el Convenio ICBG Maya, financiado por el Departamento de Estado Norteamericano y signado por ECOSUR, la Universidad de Georgia y la empresa Molecular Inc (mismo que tuvo que ser cancelado en 2001, por la presión de los médicos y parteras indígenas de Chiapas);
  1. A partir de 2010, Carabias ha centrado su interés y acción de conservacionismo mercantil y privatizador, en la subregión Marqués de Comillas (extremo sureste de la REBIMA) donde ilegalmente ha comprado dos parcelas ejidales de 50 ha cada una dentro del ejido Zamora Pico de Oro (parcelas ubicadas exactamente enfrente –río Lacantún de por medio-de su hotel del Tzendales). En esa misma subregión, a través de Natura y Ecosistemas Mexicanos, AC, ella ha venido desarrollando en la mayoría de los ejidos, un agresivo programa de ¨pago por servicios ambientales¨ (“conservación de biodiversidad”) con financiamiento de la CONAFOR y de PEMEX.

En resumen, esta “Verde Filantropía” que hoy premia el Senado de la República, a través de la entrega de la medalla Belisario Domínguez a Julia Carabias Lillo, en realidad encubre y premia cuantiosos negocios privados basados en la mercantilización y privatización de la naturaleza y en el violento despeje y despojo territorial de territorios indígenas con el pretexto de la conservación ecológica, violando impunemente derechos fundamentales e inalienables de decenas de comunidades y miles de familias indígenas.

Es por todo ello que, como integrantes de la sociedad civil mexicana, externamos nuestro total y público rechazo a esta nefasta premiación

ATENTAMENTE (por orden alfabético)

  • Altamira – Sociedad Civil Ecologista

  • Andrés Contreras “el juglar de los caminos” (canta-autor)

  • Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, AC (AJAGI)

  • Carta Mesoamericana: información y Servicios para las Comunidades Migrantes
  • Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, AC (CDMCh)
  • Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, AC (Frayba)
  • Centro de Lengua y Cultura Zoque, AC
  • Colectivo de Educación para la Paz y los Derechos Humanos (CEPAZDH, AC)
  • Colectivo de Mujeres Zoques de Chiapas A.C
  • Comité Comunitario de San Miguel Chimalapa
  • Colectivo Ingeniummex (San Cristóbal de las Casas, Chiapas)

  • Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas (CNDyCCh)

  • Consejo de Guardianes de la Tierra

  • Consejo para la Defensa de la Costa del Pacífico, AC

  • Diálogos Ecosistémicos

  • Ecologista Universal (Luchador social)

  • Grupo Ecológico Manglar, A C

  • Grupos Ecologistas de Nayarit, AC

  • Guerreros Verdes, AC

  • Gustavo Esteva Figueroa (Académico e Investigador social)

  • Iván Azuara Monter (Académico y Ecólogo- Universidad de la Ciudad de México)

  • IK Balam: Agencia Informativa por la defensa del medio ambiente, los derechos de los pueblos y contra el cambio climático.

  • Maderas del Pueblo del Sureste, AC (MPS)

  • Marea Azul, AC

  • Movimiento Migrante Mesoamericano

  • Nalleli García Agüero (Académica y Lingüista -Universidad de Berna, Suiza)

  • Organización Nacional del Poder Popular (ONPP Chiapas)

  • Organización para la Defensa de la Medicina Indígena Tradicional de Chiapas, AC (ODEMITCh)

  • Pacto de Grupos Ecologistas (PGE)

  • Promoción para el Desarrollo Popular (PDP)

  • Promoción, Capacitación y Defensa del Migrante, AC (PRECADEM, AC)

  • Red Anáhuac por los Bienes Comunes

  • Red de Defensores Comunitarios de Oaxaca (REDECOM)

1 La medalla Belisario Domínguez es la Máxima Condecoración que el Senado de México “otorga a hombres y mujeres mexicanos que se hayan distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente, como servidores de nuestra Patria o de la Humanidad.”

El nombre de esta distinción honra la memoria de Belisario Domínguez, senador por el estado de Chiapas que fue férreo opositor a la usurpación del dictador Victoriano Huerta a la Presidencia de la República , y por sus abiertas críticas en la tribuna del Senado, fue asesinado el 7 de octubre de 1913.

Descarga aquí el comunicado en PDF

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Grupos armados operan con aquiescencia del Estado mexicano en Los Altos de Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

07 de diciembre de 2017

Pronunciamiento

  • Urgen medidas cautelares que protejan a la población ante amenaza de “acciones drásticas” por parte de los agresores.
  • La situación de violencia generalizada es similar en otras regiones ante omisión del gobierno.

Manifestamos nuestra preocupación por el continuo riesgo a la vida, integridad y seguridad de la población de las comunidades de Chenalhó y Chalchihuitán, Chiapas así como de las personas que transitan por la región y en especial, la falta de atención eficaz por parte del gobierno de Chiapas ante la emergencia humanitaria por desplazamientos masivos en la zona Altos de Chiapas. Hacemos un llamado a la Comisión Interamericana para que dicte medidas cautelares que obliguen al Estado mexicano a proteger a la población amenazada.

Testimonios directos nos documentan la aquiescencia del Estado mexicano ante la presencia de grupos armados que controlan el territorio, y la responsabilidad del gobierno de Chiapas en graves violaciones a derechos humanos en un contexto de violencia generalizada. La presencia del Ejército en la cabecera municipal ha sido inoperante para disuadir las agresiones, y las instancias de impartición de justicia no han actuado.

El día 5 de diciembre recibimos información de la detención de habitantes de Chalchihuitán, por parte de personas armadas que bloquean los accesos a mencionada cabecera municipal. Un día antes se alertaba de la desesperación por la persistencia de la incomunicación que ha provocado desabasto en las comunidades y de manera especialmente preocupante obstaculiza la ayuda humanitaria a las 5 023 desplazadas y desplazados quienes sobreviven a la intemperie en campamentos improvisados de techos de plástico, durmiendo en las montañas, con miedo y falta de medidas de seguridad para retornar a sus casas.

En notas periodísticas del 6 de diciembre se publicó la retención de al menos cinco funcionarios públicos delegados del Sistema Estatal de Protección Civil: “Fueron interceptados por un grupo de personas a bordo de una camioneta, los obligaron a bajar de las unidades y a orillarse, quitándoles los celulares y los radios de comunicación”. Lo anterior contraviene lo difundido por el gobierno del Estado como acuerdo entre las partes y del compromiso de retirar el bloqueo como muestra de buena voluntad. Además evidencia el poder que tiene el grupo que arriesga la vida, integridad y seguridad de la población de Chalchihuitán, Chenalhó y quienes se trasladan por la región.

El estado de sitio a las comunidades de Chalchihuitán se mantiene y agrava, como una forma de control de la población y el territorio basado en infundir terror, con la protección de la alcaldesa de Chenalhó Rosa Pérez Pérez y la omisión del gobierno de Chiapas, como lo refiere el acta de acuerdo, de fecha 5 de diciembre de 2017, firmado por representantes del Ayuntamiento Municipal de Chenalhó. La situación se agrava con la amenaza de “actuar drásticamente en contra de los comuneros de Chalchihuitán” en caso de que el Tribunal Unitario Agrario no emita resolución definitiva a favor del municipio de Chenalhó, el día 15 de diciembre.

Fotos publicadas por prensa nacional y testimonios directos dan cuenta de personas armadas y cubiertas del rostro. La presencia del Ejército mexicano y Policía del Estado no ha sido disuasiva, no hay evidencia de desarme ni de accionar medidas directas de protección a la población y salvaguardar garantías de libre tránsito.

Lo anterior evidencia que la firma del Convenio de Paz entre los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán, es ineficaz y fue sólo una estrategia mediática, que no resuelve el conflicto ni da atención prioritaria ante la emergencia por el desplazamiento forzado masivo de población.

Las brigadas de ayuda humanitaria son una burla a la dignidad, llegaron de entrada por salida, sin medicamentos, sólo a la cabecera municipal y no a los campamentos en desplazamiento forzado pidiendo a la población vulnerada se trasladara para ser atendida.

El día 4 de diciembre, una comisión de representantes de desplazados fueron retenidos en la entrada de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas vulnerando su derecho de libre manifestación y expresión al impedirles un acto de protesta en el Palacio de Gobierno de esta ciudad. Su demanda es resolución real del conflicto y atención urgente a la población en desplazamiento forzado.

Insistimos que la violación a los derechos a la vida, seguridad e integridad personal derivados de estos desplazamientos forzados es responsabilidad del Estado mexicano al no haber resuelto de fondo el conflicto de límites territoriales (900 hectáreas) existentes entre los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, que desde el año 1973 inició con los trabajos de reconocimiento y titulación de los bienes comunales de ambos pueblos por parte de la extinta Secretaría de la Reforma Agraria, actualmente convertida en la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). Al realizar las mediciones, no se tomaron en cuenta los límites que ambos pueblos venían respetando: el río como límite natural.

A raíz de ello, contribuyó a la administración del conflicto y al escalamiento de la conflictividad por las tensiones entre ambos pueblos, situación que se llevó ante el tribunal agrario, y que no ha resuelto la conflictividad, ya que se siguen suscitando robos, destrucciones de cultivo, invasiones de tierra e incluso dos asesinatos. Y actualmente el desplazamiento forzado de 5023 personas de Chalchihuitán y más de 900 personas desplazadas de Chenalhó.

Es importante señalar que la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) urgió a dar respuesta integral a la crisis de desplazamiento interno forzado en Chiapas y resaltó la obligación del Estado mexicano “de crear las condiciones y proporcionar los medios que permitan a los desplazados internos indígenas el retorno voluntario, con seguridad y dignidad”.

Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para suscribir la acción urgente:

Alto al fuego: https://frayba.org.mx/alto-al-fuego-urgen-organizaciones-ante-emergencia-humanitaria/ 

Firmantes:

1. Coordinación del Pueblo Creyente De la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, A.C
2. Movimiento en Defensa de La Tierra y el Territorio
3. Párroco Marcelo Pérez Pérez
4. Melel Xojobal A.C
5. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C
6. Colectivo Educación para La Paz y los Derechos Humanos A.C
7. Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas
8. Maderas del Pueblo del Sureste A.C
9. Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes A.C
10. Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova
11. Los Amorosos del Espacio José Antonio Reyes Matamoros
12. ProMedios de Comunicación Comunitaria
13. Desarrollo Educativo Sueniños A.C

14. Colectivo Ingeniunmex
15. Ik Balam Agencia de Noticias Ambientales
16. Comité de Derechos Humanos de Comalcalco A.C
17. Educando en los Derechos y la Solidaridad
18. El Caracol A.C
19. Asociación Salud mental CETPA México IAP
20. Alianza para la Integración Comunitaria Utopía A.C
21. Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos A.C
22. Via Humanitas A.C
23. Itzam Ná A.C
24. Coordinadora Popular de Madres Educadoras COPOME
25. Centro Calpulli A.C
26. Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas A.C ADIVAC
27. México juega A.C
28. Espiral por la vida A.C
29. Disability Rights International
30. Commenta A.C
31. Creser para un desarrollo Integral A.C
32. Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social IAP
33. La Matatena A.C
34. Comité de Derechos Humanos de Tabasco A.C
35. Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño
36. Centro Juvenil Generando Dignidad, A.C
37. Odisea A.C
38. Indignación A.C
39. Ciencia Social Alternativa A.C
40. Programa Infabcia UAM Xochimilco
41. Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas
42. Red por los Derechos de La Infancia en México
43. Red por la Paz en Chiapas (Conformada por 10 organizaciones en Chiapas)
44. Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos. (Conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la república)
45. Colectivo de Adherentes a la Sexta Barcelona
46. Grupo de Trabajo No Estamos Todxs
47. Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas
48. Lumaltik Herriak
49. Nodo Solidale

50. Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, AC (CDMCH)

chalchihuitanweb

Pronunciamiento del Movimiento de Mujeres en Defensa del Territorio

25 DE NOVIEMBRE

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES”

PRONUNCIAMIENTO

En el marco del Día Internacional de Lucha Contra la Violencia Hacia las Mujeres, el pasado 23 y 24 de noviembre nos dimos cita mujeres, hombres, niñas y ancianas de distintas regiones de Chiapas, México y el Mundo en la Quinta Asamblea del Movimiento en Defensa de la Tierra, el Territorio y por la Participación y el Reconocimiento de las Mujeres en las Decisiones para denunciar el aumento de la violencia directa, institucional y estructural cuya emergencia y gravedad tenía que atender la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para las Mujeres de Chiapas (AVGM) y que el gobierno de Chiapas no ha cumplido.

Durante estos días compartimos testimonios de como la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas no es un problema que únicamente deban resolver hombres y mujeres en el ámbito privado, las familias en sus relaciones, comunidades al interior de los pueblos y organizaciones civiles en la promoción y defensa de derechos, es una responsabilidad sobre todo del Estado ya que la dimensión de la violencia feminicida tiene sus orígenes y causas en la violencia estructural como la pobreza, discriminación, injusticia, misoginia, desigualdad de clase, género, etnia edad, preferencia sexual, etc. que se reproduce desde las instituciones y agentes del Estado patriarcal.

Desde que se Declaró la Alerta de Violencia de Género, el pasado 18 de noviembre de 2016, el gobierno de Chiapas y el gobierno federal debieron implementar acciones de emergencia en materia de prevención, justicia, reparación del daño y una amplia difusión de mensajes de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, sin embargo en distintas ocasiones hemos denunciado que eso, hasta el día de hoy, no ha sucedido.

Por el contrario, los índices de violencia en Chiapas tales como agresiones físicas, desaparición y secuestro de personas sobre todo mujeres, trata, despojo, desplazamiento forzado, desalojos, abuso, violación sexual y feminicidio han aumentado de manera alarmante en los 122 municipios de Chiapas, por eso insistimos que la Alerta de Violencia de Género no puede reducirse a los 23 señalados por el gobierno federal.

De la información que se compartió en esta Asamblea señalamos algunas de las principales denuncias en las que coincidimos:

En el ámbito de las medidas de prevención:

  • Los mensajes públicos que ha emitido el gobernador, Manuel Velasco Coello, y el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, han sido pronunciados durante la entrega de los programas asistenciales como Prospera aprovechándose de la necesidad de las mujeres que son acarreadas para llenar estos actos multitudinarios; por lo tanto los mensajes de prevención pierden todo sentido ya que se dan en medio del condicionamiento político, abordando el tema de la violencia desde una óptica patriarcal, en un ámbito atravesado por el acoso y el racismo gubernamental. Sin hacer mención de los verdaderos problemas que viven las mujeres y cuya responsabilidad es del Estado y sus instituciones de salud, educación y justicia para erradicar la violencia contra las mujeres.

  • En materia de salud, continua sin aplicarse a cabalidad la Norma 046 y se niega eventualmente la atención médica de urgencia, hospitalaria y de consulta médica incluso cuando las mujeres requieren atención obstétrica, por violencia familiar, violencia sexual y feminicida, revictimizandolas e incumpliendo las medidas de la Alerta de Violencia de Género. En este ámbito, se criminaliza el trabajo de las parteras tradicionales a las que se condiciona su práctica y conocimiento obligándolas a capacitarse y certificarse, con la finalidad de que dejen de ser parteras y se conviertan en asistentes o enfermeras de los médicos, por ello con toda razón decimos: “La violencia es tan dura como el dolor del parto”. También hace falta en todos los hospitales y clínicas de la entidad personal suficiente y capacitado en los mencionados perfiles, se carece de la infraestructura material, instrumental necesaria y del cuadro básico de medicamentos para brindar la atención médica, que como derecho humano corresponde a nuestros pueblos, y de manera especial a las mujeres desde su especifica vulnerabilidad social, económica y cultural, lo que se traduce en violencia institucional.

  • En nuestras comunidades el PROCEDE (para la certificación agraria), como política pública neoliberal sigue acreditando la tierra solo a los hombres, legitimando e institucionalizando la exclusión de las mujeres del derecho a la tenencia, uso y usufructo de la tierra; la Procuraduría Agraria sigue favoreciendo los despojos de tierra a las mujeres, perpetuando los usos y costumbres que violan derechos humanos, a conveniencia del patriarcado indígena, con lo que las autoridades agrarias son coparticipes del delito.

  • Los presidentes municipales hacen funciones de jueces y los jueces de paz se subordinan a ellos o los grupos de poder factico al interior de las comunidades, en donde ya se cuenta con el poder narco-paramilitar, mercantilizando la justicia a partir del pago de multas a las partes, en donde para las mujeres no hay justicia y por el contrario son de nuevo revictimizadas y en algunos casos pueden ser violadas por las autoridades.

  • El sistema educativo, en el que a pesar del mandato constitucional, el profesorado no elimina de las aulas la violencia racista, clasista y sexista debido a la falta de una capacitación en los enfoques de género y derechos humanos para eliminar estas violencias desde los niveles de prescolar a universitario.

  • El estado es omiso y cómplice con los espacios publicitarios que promueven la degradación y la objetivación de las mujeres, su promoción como mercancías sexuales y el amor romántico que perpetua el rol subordinado de genero de las mujeres. L os mensajes de violencia simbólica están en los medios masivos, tolerados y promovidos por las empresas televisivas (TELEVISA y TV AZTECA) que fabrican, sostienen y justifican a los malos gobiernos neoliberales y patriarcales en el poder.

  • El Estado no entiende la dimensión de la violencia feminicida, en la cual el feminicidio es una muestra extrema de esta. Sin duda, hace falta que el poder capitalista patriarcal se vea a sí mismo para comprender el carácter sistémico de la violencia que denunciamos hoy. Esta corta visión del estado y sus agentes ha favorecido que nuestra demanda haya sido reducida y no contemple adecuadamente la violencia feminicida y menos aún la violencia estructural de la que el Estado es responsable.

  • El estado tampoco comprende la dimensión de violencia de género, y dirige su discurso (que no su acción) solo a la violencia que vivimos las mujeres, sin considerar esta violencia como un problema relacional, entre hombres y mujeres.

En el ámbito de las medidas de justicia y reparación:

  • El sistema de justicia, carece de las herramientas teórico metodológicas básicas para atender las situaciones de violencia que denuncian las mujeres, incluyendo a las instancias especializadas desde las que se revictimiza a las mujeres, se invisibiliza y se ignora la violencia estructural y sistémica que determina la reproducción de la violencia de género en todos los ámbitos de la vida social.

  • El Estado y sus funcionarios no entiende la dimensión de la violencia feminicida como violencia sistémica, en la cual el feminicidio es una muestra extrema de esta violencia. Esta corta visión, ha favorecido que nuestra demanda haya sido reducida y no contemple la violencia feminicida y menos aún la violencia estructural de la que el Estado es responsable. De igual manera no se comprende la dimensión de violencia de género, por lo que el Estado dirige su discurso (que no su acción) a la violencia que vivimos las mujeres, sin considerar esta violencia como un problema relacional, entre hombres y mujeres. El primer signo visible de esta transformación ideológica y cultural sería la comprensión de la medida llamada “Tolerancia Cero” que hasta el momento se reduce a la promoción de un slogan publicitario vacío de contenido y responsabilidad política.

  • Sin duda el Estado debe dotarse de la asesoría científica y ética necesaria para capacitar y formar a sus agentes en estas dimensiones de la vida social para que cumplan realmente con sus responsabilidades legales con las mujeres y con la sociedad en su conjunto. Tal y como exigen los tratados internacionales de los que es parte. De tal forma que el derecho de las mujeres para el acceso a la justicia esta mediado por la incapacidad, falta de investigación y análisis contextualizados, falta de recursos e infraestructura, impunidad y en muchos casos inconstitucionalidad de leyes, como es el caso de la conciliación en casos de violencia familiar, con esta situación, la reparación del daño para las víctimas de feminicidio y sus familias sigue siendo letra muerta.

  • Por otro lado, el presupuesto destinado a la Alerta de Violencia de Género, es un botín político de los funcionarios corruptos que roban el dinero del pueblo, tal y como roban el dinero de los damnificados del Sismo. En los municipios que forman parte de la implementación de la Alerta, se dice que desconocen la existencia y los montos de los recursos en este rubro y las pocas acciones que realizan son resultado de los recortes a sus presupuestos en otras tareas municipales. El CONAVIM es omiso e irresponsable en relación a sus responsabilidades frente la implementacion de la AVG en Chiapas.

Por todo esto, declaramos que Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong y Manuel Velasco Coello, representantes del Estado Mexicano. NO HAN CUMPLIDO con la implementación efectiva de la Alerta de Violencia de Genero en Chiapas, tal y como lo mandata la ley.

Por lo que les responsabilizamos de las 35 desapariciones de mujeres (dato de la Fiscalía General del Estado); de los cientos de violaciones sexuales, de más de doscientas muertes violentas, y de por lo menos 58 feminicidios y 79 tentativas (datos del Observatorio Feminista Contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas), ocurridas en este año en curso, mismo en el que transcurre la Alerta de Género en Chiapas.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 25 de noviembre de 2017

¡No más violencia contra las mujeres!

¡Vivas nos queremos!

¡Vivan las hermanas Mirabal!

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Reporte de la Red de Comunicadoras K’asesel K’op / Segundo día

Nota de prensa 002

San Cristóbal de las Casas a 24 de noviembre 2017 / Red de Comunicadoras Comunitarias K’asesel K’op / Este día la Asamblea de mujeres, pueblos y organizaciones en defensa de la tierra, el territorio y por el derecho de las mujeres a decidir retomó sus trabajos con los objetivos de, por un lado, revisar, analizar y evaluar la puesta en práctica de la Alerta de Violencia de Género (AVG), evidenciando así la omisión del Estado y el gobierno en sus tres niveles; y por el otro generar alternativas para prevenir las violencias contra las mujeres, así como hacer justicia a los numerosos casos de feminicidios en Chiapas, que son 62 en lo que va del 2017.

Por la mañana, las asistentes nos dividimos en cuatro grupos para revisar el cumplimiento de los acuerdos estipulados en la AVG. Dado que en cada uno de estos grupos se hizo evidente la omisión por parte del Estado, se prepararon sendas demandas, en los rubros de Seguridad, Prevención, Justicia y Reparación. Estas se presentaron en el marco de un Juicio Popular al Estado mexicano. Para esto, en una combinación de sociodrama, las voceras de cada grupo de trabajo presentaron las demandas y denuncias. Se comenzó exponiendo cómo en términos de prevención, el gobierno implementó una capacitación superficial y breve a funcionarios, lo cual no puede garantizar una verdadera sensibilidad y conocimiento de la complejidad de la violencia de género. A la par, se dijo que las propuestas formativas con la población deben considerar tanto a niñas, niños, jóvenes, padres de familia y maestros. Se insistió en revisar los contenidos mediáticos que difunden las televisoras, radiodifusoras comerciales.

En términos de justicia, se denunció la violencia que replican los funcionarios públicos de las instituciones de procuración de justicia, quienes desconocen los idiomas de los pueblos indígenas y les discrimina por esto, además de que no toman en cuenta la palabra de las mujeres. Ante esto, los hombres asistentes exigieron se escuche a las mujeres siempre.

El Tribunal popular también sirvió para denunciar cómo el gobierno solapa a grupos paramilitares en la región de Carranza. Así como la permisividad frente a diversos tipos de despojo que viven los pueblos indígenas, y que afectan de forma más violenta a las mujeres.

Por otro lado, algunas asistentes representaron autoridades del gobierno federal y estatal. En su intervención, el gobernador chiapaneco, Manuel Velasco Coello, dijo que en términos de seguridad, ha invertido en patrullas y uniformes nuevos, en cambiar focos de luminarias públicas, y en atender a “sus mujeres” a través de programas de subsidio. Por su parte, quien representó al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, declaró que el gobierno ha hecho difusión de la AVG, que no ha funcionado porque las mujeres no saben leer y no hablan español, además de que no todas tienen televisión. También dijo que ha capacitado a funcionarios, aunque a un ritmo lento. Por su parte la compañera que representó a Peña Nieto, el presidente mexicano, se ufanó de las largas condenas que dan a narcotraficantes y violadores, aunque reconoció que estos último no son tantos. Dijo que asignó al gobierno de Chiapas 31 millones de pesos para crear un programa de seguro de vida.

Una vez escuchadas las denuncias y los alegatos de las autoridades, las compañeras que representaron al juez, declararon que siendo jueces que provienen de las comunidades, entendieron todas las denuncias presentadas; por ello cuestionaron la veracidad, y sobre todo la eficacia de las acciones y mecanismos implementados por el gobierno. Además reconocieron las prácticas de corrupción, negligencia y omisión por parte del Estado, y es por ello que lo declararon culpable del incumplimiento de la AVG, así como de la intensificación de las diversas violencias de género y de despojo a las comunidades indígenas. Frente a esa condena, pidieron el apoyo de las organizaciones, mujeres y pueblos presentes, reconociendo así la relevancia del involucramiento de la sociedad civil en la construcción de una justicia que sirva a las mujeres y a toda la población en general. Las propuestas de castigo fueron que renuncien a sus cargos, se les incauten sus bienes y estos sean repartidos entre todo el pueblo.

Al terminar el Juicio Popular reflexionamos en torno del por qué y para qué realizar un juicio de este tipo. Una parte importante fue identificar la diferencia entre un juicio popular y uno realizado por y desde las instituciones del Estado. Una diferencia sustancial es que en el segundo los jueces, así como las dinámicas y ritmos son designados y diseñados por el mismo Estado. En el primero, el pueblo sí participa, desde el nombramiento de los jueces, como en la forma en que se presentan y dirimen las denuncias, alegatos y pruebas. Para entender esta diferencia compartimos las experiencias del Tribual Permanente de los Pueblos (TPP), realizado en México de 2011 a 2014, el cual sirvió como un proceso de auto-organización socio-política entre los diversos actores que demandaron en al Estado mexicano. Una compañera de Argentina compartió como, al terminar la dictadura en ese país se juzgó por crímenes de lesa humanidad a los militares que implementaron la operación Cóndor; sin embargo, el juicio emitido fue revertido a partir de un indulto decretado por Carlos Saúl Menem. A partir de entonces, se ha buscado la justicia en otros tribunales internacionales, los cuales tienen otra forma de operar distinta a los juicios desde el Estado y los populares.

Al dar nuestra palabra sobre la representación del Juicio, reconocimos que a partir de las realidades de hartazgos y enojo antes las condiciones de vida y la intensidad de las violencias género, es importante pensar en la posibilidad de generar espacios de justicia alternativos. Algunas de las mujeres expresaron que la representación del tribunal les hizo sentir contentas desde su corazón porque lograron expresar lo que sienten y piensan sobre sus realidades, y darse cuenta de que pueden y seguirán luchando para que la vida de sus hijos e hijas sea mejor. Uno de los participantes dijo que desde su corazón lo vio bonito porque le hizo sentir que nos uníamos, y que eso le hace pensar en la necesidad de que necesitamos de que todo el pueblo de organice y no sólo quienes integramos esta Asamblea. Sin embargo, también hubo quién reconoció que en la representación se nos salió el coraje, y que no podía ser de otra forma porque la realidad es injusta y violenta, es así como vivimos. Este coraje, dijo, nos debe ayudar para seguir juntándonos, entre quienes asistimos a las Asamblea, pero también con muchas otras mujeres que sabemos viven violencia y no están hoy aquí. Otras compañeras dijeron que a partir del Tribunal reconocieron que es importante seguir luchando de manera pacífica, sabiendo que los cambios quizá no se den rápidamente, y sobre todo tener claro que no debemos vender nuestras conciencias. En este sentido, reconocimos que en la representación, desde las emociones que vivimos, emergió nuestro carácter de defensoras comunitarias. Por último, una reflexión que quedó en proceso fue la forma de cómo sancionar a las autoridades, replicando la violencia o de forma no violenta.

Quienes representaron a las autoridades reconocieron que fue muy fácil mentir y magnificar las acciones emprendidas por el gobierno, además de que fue muy fácil no escuchar cuando las mujeres presentaban sus denuncias argumentadas. Frente a esta situación emergió la pregunta de cómo podemos hacer para que esas autoridades realmente vean y escuchen cuáles son los problemas que vivimos las mujeres y nuestras comunidades.

Después de la reflexión y compartición de experiencias, se deliberó en la plenaria si podíamos y queríamos comprometernos a realizar un juicio popular, que involucre a más personas, y así podamos unirnos y organizarnos con más actores políticos, tanto en términos de procesos comunitarios, como para poder tener más fuerza política. Reconocimos que aun cuando es necesario identificar las problemáticas específicas, no podemos separar todos los tipos de violencias que se entrelazan.

 

Fue con el compromiso de realizar en 2018 un juicio popular al Estado mexicano que cerramos los trabajos de la Asamblea. Por la tarde nos dedicamos a preparar las pancartas y mantas que llevaremos a la marcha de mañana para conmemorar el día internacional contra la violencia hacia las mujeres.

https://territoriochiapas.wordpress.com/

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Reporte de la Red de Comunicadoras K’asesel K’op / Primer día

Nota de prensa 001

San Cristóbal de las Casas a 23 de noviembre 2017 / Red de Comunicadoras Comunitarias K’asesel K’op / El día de hoy iniciaron los trabajos de la Asamblea de mujeres, pueblos y organizaciones en defensa de la tierra y el territorio y por el derecho de las mujeres a decidir. El objetivo fue visibilizar, discutir y encontrar alternativas frente al incumplimiento del Estado y sus instituciones responsables de la implementación de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) en Chiapas.

Por la mañana las representantes de 18 comunidades de las regiones de los Altos, Selva-Norte y Oriente realizaron diversas actividades que implicaron el movimiento físico, para así general calor y la integración desde el lenguaje corporal. Al mismo tiempo se recordó que la instauración del Día Internacional Contra la Violencia Hacia las Mujeres conmemora la lucha de las hermanas Mirabal de República Dominicana, quienes fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960. Esta violencia se asemeja, dijeron algunas participantes, a la agresión sexual que vivieron las mujeres en la represión de Atenco, Estado de México, en mayo de 2006. Se buscó que esta rememoración sirviera para reconocer cómo esas violencias nos afectan desde nuestros cuerpos, y también como desde ahí podemos encontrar la fuerza para denunciar y luchar contra esas injusticias.

En la parte frontal del auditorio donde se realizaron los trabajos, se colgó una manta en la cual se denuncia al Estado narco paramilitar y feminicida. Los datos que sustentan esta afirmación son que en 2017, según cifras oficiales, en Chiapas han desparecido 38 mujeres, y se registraron 58 feminicidios. Sin embargo, datos como el del Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres en Chiapas indican que durante este año se han cometido 62 feminicidios, y un total de 201 mujeres han muerto de forma violenta. De 2009 a 2017 han desparecido 2,397 mujeres, siendo los municipios de San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez donde desaparecen más mujeres a nivel estatal. A nivel nacional, San Cristóbal de las Casas es el que reporta más violaciones sexuales contra mujeres.

Más allá de la situación a nivel estatal, se reconoció que el feminicidio es un problema de escala global, y por ello mismo se busca trabajar en esta Asamblea desde los niveles más locales, comenzado por el espacio doméstico y comunitario, para ello se trabajó en grupos divididos por regiones a lo largo del día, en los cuales se discutieron los tipos de violencia que vivían las mujeres en sus casas y en sus comunidades, las cuales iban desde lo emocional y sexual, hasta lo obstétrico, la violencia social basada en el clasismo, racismo y sexismo, y el feminicidio como el grado mayor de violencia contra las mujeres. Aquí se vio que hay un problema de violencia de género intergeneracional, donde quienes más padecen los efectos son las jóvenes y las ancianas, y esto sucede tanto en la ciudad como en el campo; esto se traduce en un control sobre la vida de las jóvenes que replica las violencias recibidas por mujeres adultas.

También se discutió lo que nosotras hacemos frente a las violencias feminicidas para erradicarlas, lo que hace el gobierno, y lo que éste debería hacer. Respecto al primer punto, en primer lugar, nos acompañarnos, apoyamos y compartimos conocimientos y saberes que nos ayuden a luchar contra las violencias y sus efectos. Además, se reconoció trabajamos para deconstruirnos a partir de reconocer cuando nosotras mismas replicamos la violencia de género. En algunos casos se ha logrado participar en la elaboración de reglamentos comunitarios/ejidales para desde ahí no incentivar ni tolerar las violencias contra las mujeres.

El gobierno, se dijo, a través de sus diversos programas de subsidio, fomenta la dependencia, no resuelve las situaciones de pobreza, y genera división dentro de las comunidades. También usa a las fuerzas policiales y militares para controlar el territorio, con lo cual no soluciona el problema. Pero, sobre todo, es omiso porque aun cuando se presentan denuncias por parte de mujeres, a título individual, de organización de base o de la sociedad civil, o de comunidades/ejidos, no presta atención, y por ende no resuelve, por lo cual desvaloriza la palabra y organización de las mujeres.

Respecto a lo que consideramos debe hacer el gobierno, se dijo que no esperamos mucho de él, porque ya vimos que no tiene la voluntad de hacerlo. Por ello, hubo coincidencia en la plenaria de que necesitamos organizarnos y luchar. Un ejemplo de ello es cómo desde 2013 diversas organizaciones solicitaron la alerta de violencia de género para Chiapas, pero esta fue rechazada, y sólo en 2016 fue declarada de manera parcial para los municipios de Comitán, Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Tonalá, San Cristóbal de las Casas, Villaflores y los municipios de la Zona Altos de Chiapas. Esto, lejos de solucionar algo ha intensificado el problema, ya que al igual que en otros estados de México, en Chiapas se ha elevado el número de feminicidios incluso con la Declaratoria de Alerta de Género. Ante tal situación, en la plenaria de la Asamblea se cuestionó si y hasta dónde la solución es exigirle al Estado que se haga responsable, o si bien sería una alternativa crear una alerta de género popular.

Todas estas cuestiones fueron discutidas también en un grupo de hombres, quienes reconocieron sus propias formas de ejercer violencia, algunas de ellas son no valorar a las mujeres, comenzando por sus parejas, a quienes cosifican en términos de sólo querer estar con mujeres físicamente atractivas. También reconocieron que los jóvenes en sus comunidades tienen cada vez menos respeto hacia quienes viven ahí, lo cual, dijeron, se agrava por el consumo de alcohol y drogas. En cuanto al gobierno, denunciaron que éste reprime a quienes se organizan para luchar, tanto a hombres como a mujeres, pero sobre todo a jóvenes, y por ello, el machismo y las violencias feminicidas afectan a toda la comunidad. Ante ello, la propuesta de los hombres es que se haga una ley entre todas las comunidades que ataque las violencias que se ejercen contra las mujeres, y que esta ley se envíe a cada autoridad de ejidos y comunidades.

Por la tarde, una vez presentado el trabajo en grupos, se hizo la síntesis de las violencias que se viven en las comunidades. En primer lugar hay una práctica sistemática de despojo de territorio, de saberes, de ejercicio de derechos como la participación en la toma de decisiones comunitarias o la elección de dónde y cómo parir. En el ámbito familiar hay una desvalorización por el ser mujer, y esto lleva al control, a excesivas cargas y jornadas de trabajo no valoradas; además de que la realidad sobre las relaciones sexuales no consensuadas es frecuente, pero sigue siendo un tema tabú en toda la sociedad, rural y urbana. Así, se concluyó que la violencia que vivimos las mujeres de las comunidades como de la ciudad es una cuestión estructural, no son expresiones aisladas ya que lleva décadas sucediendo.

A partir del reconocimiento de la omisión del Estado, la Asamblea se dividió en tres grupos para revisar las responsabilidades del mismo en relación con la AVG: prevención, seguridad, justicia y reparación. Así, cada grupo elaboró una acusación en términos del incumplimiento de los compromisos contraídos por el Estado Mexicano al declarar la AVG y suscribir la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Éstas servirán para hacer un juicio popular al Estado Mexicano.

La primera sesión de trabajo terminó al anochecer, con la claridad de que aun cuando hablamos a lo largo del día de violencia de género contra las mujeres, sí es importante tener en cuenta que estas violencias no son vividas de igual manera ya que la edad, la etnia y la clase influyen de forma tal que tanto los efectos como los modos para actuar en contra de estas violencias son distintos. Luego de una larga jornada nos despedimos con la consigna de continuar al día siguiente denunciando y actuando porque en México nos están matando a las mujeres.

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Pronunciamiento del MODEVITE, por los Gobiernos Autónomos

“Exhorto a las comunidades a ser críticas ante los movimientos políticos y partidistas que estamos viviendo. […] Que nuestro pueblo pobre no se deje comprar por dádivas pues pareciera que hoy el control del pueblo es con dinero, no con proyectos ni con políticas para el bien común sino con estrategias para lograr el poder. La buena política es algo mucho más noble y digno; es dar la vida para que otros tengan una vida mejor”

Mons. Felipe Arizmendi.
Obispo de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas.

 

A la opinión pública nacional e internacional,
A los obispos de México,
A las organizaciones no gubernamentales,
A las diferentes creencias religiosas,
A las organizaciones sociales,
A las autoridades municipales, estatales y federales,
A los centros de Derechos Humanos,
A los medios de comunicación,
A todas las mujeres y hombres:

¡NO AL SAQUEO DEL TERRITORIO, SÍ AL GOBIERNO COMUNITARIO!

Somos el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio, mujeres, hombres, jóvenes y principales tseltales, tsotsiles, ch’oles y mestizos, con diferentes nombres, pero con la misma identidad de permanecer en la lucha organizada por nuestra Madre Tierra y por la vida digna de nuestras comunidades. Somos un solo pueblo que hoy se quiere expresar en cada uno de los 12 frentes en donde estamos. Denunciamos la amenaza constante de los megaproyectos extractivos trasnacionales y demandamos nuestro DERECHO A LA LIBRE DETERMINACIÓN, para así cambiar el sistema caduco y opresor que nos gobierna.

Hoy se cumplen 107 años del inicio de la Revolución Mexicana, y el grito de Emiliano Zapata de “Tierra y Libertad” sigue resonando en nuestro Territorio. Hoy, continúan las ambiciones por construir represas hidroeléctricas en los ríos Chakté de Cancuc, y el río Florido de Huixtán; sabemos de las exploraciones de pozos petroleros en la comunidad de El Jardín en Ocosingo y del proyecto del cuartel militar en Patria Nueva; conocemos las intenciones de construir la fábrica de Coca Cola en la comunidad de Río Molino Xel, del municipio de Huixtán, y de la vigencia del proyecto de la supercarretera Palenque – San Cristóbal. ¡YA BASTA DEL SAQUEO A NUESTRO TERRITORIO!

A este sistema no le basta con devorar la tierra, pues también pretende borrar la historia, la tradición, la cultura y la vida que hoy clama ¡LIBERTAD! A 107 años de la Revolución, persisten la marginación y la miseria de nuestros pueblos; la violencia es el pan de cada día y la inseguridad es lo que se respira en el ambiente. Aunado a esto, el circo colorido de los partidos políticos nos divide, y ellos se aprovechan de nuestra pobreza. Ante esto, RESPONSABILIZAMOS A LOS GOBIERNOS PUES SU SILENCIO LOS HACE CÓMPLICES DE LOS DESPOJOS, ABUSOS, VIOLENCIAS E INJUSTICIAS QUE VIVIMOS EN NUESTRAS COMUNIDADES.

Hoy venimos con el corazón abierto, revolucionario y profético a denunciar que la descomposición del tejido social es provocada por este sistema que favorece las reformas estructurales por encima del bien común. DENUNCIAMOS la complicidad de los políticos con el crimen organizado; su corrupción y deseos de poder sólo dejan muertes emblemáticas como Acteal y Ayotzinapa. CONSTATAMOS que los robos, secuestros e intimidaciones que vive nuestra gente es una estrategia política para golpear y desalentar la organización comunitaria por la defensa de nuestro territorio.

Nuestra realidad tan lástimada nos exige crear otro sistema que promueva la comunidad antes que la individualidad, que mire a la tierra como Madre y no como mercancía, que abrace la diversidad cultural enraizada en la espiritualidad de los antepasados para darle paso a la RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL COMUNITARIO.

El MODEVITE se compromete con su pueblo, en cada municipio y parroquia donde está presente, a colaborar en esta reconstrucción para sanar la fractura social ocasionada por los partidos políticos. Por eso, promovemos GOBIERNOS COMUNITARIOS que renueven las relaciones sociales entre indígenas, mestizos, diversas religiones, adultos y jóvenes; GOBIERNOS COMUNITARIOS que renueven la política, mediante el ejercicio del derecho a elegir a las autoridades según los sistemas normativos indígenas propios de cada pueblo, para combatir la corrupción y división de los malos gobiernos y así garantizar la defensa de nuestra Madre Tierra y la armonía comunitaria.

Por eso, exigimos a las autoridades correspondientes dar respuesta positiva a la solicitud hecha al Intituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas el 17 de noviembre de 2017 para que se reconozca el derecho a la libre determinación a los pueblos originarios en los municipios de Chilón y Sitalá y puedan nombrar un concejo de gobierno comunitario, tal como lo busca el pueblo de Oxchuc y lo vive actualmente el pueblo hermano de Cherán.

Finalmente, nos sumamos a las luchas de los pueblos de Tila y Chicomuselo; del ZODEVITE y demás comunidades en resistencia, y nos unimos a los esfuerzos del Concejo Indígena de Gobierno que, junto con Marichuy, busca unir y fortalecer la voz de los pueblos.

 

MOVIMIENTO EN DEFENSA DE LA VIDA Y EL TERRITORIO

PUEBLO CREYENTE DE LAS PARROQUIAS DE:
Palenque, Salto de Agua, Yajalón, Chilón, Sitalá, Ocosingo, Altamirano,
Oxchuc, San Juan Cancuc, Tenejapa, Huixtán y el ejido Candelaria.
DIÓCESIS DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.

20 de Noviembre de 2017

Fuente original: https://modevite.wordpress.com/

movedite

 

INVITACIÓN A LA QUINTA ASAMBLEA DE MUJERES, PUEBLOS Y ORGANIZACIONES EN DEFENSA DE LA TIERRA, EL TERRITORIO Y POR EL DERECHO DE LAS MUJERES A DECIDIR

En el marco del Día Internacional Contra la Violencia hacia las Mujeres, y a un año del incumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para las Mujeres en Chiapas (DAVGM), las y los integrantes del Movimiento en Defensa de la Tierra, el Territorio y por la Participación y el Reconocimiento de las Mujeres en las Decisiones, convocamos a mujeres, hombres, comunidades, ejidos, pueblos y organizaciones a compartir nuestra palabra y lucha en la:

QUINTA ASAMBLEA DE MUJERES, PUEBLOS Y ORGANIZACIONES EN DEFENSA DE LA TIERRA, EL TERRITORIO Y POR EL DERECHO DE LAS MUJERES A DECIDIR

Para denunciar el incumplimiento del Estado y sus instituciones de la DAGVM, exigir la garantía y cumplimiento de nuestro derecho a vivir una vida digna sin violencia en todos los ámbitos, salud, educación, participación política y visibilizar la violencia feminicida que atenta contra el cuerpo-tierra-territorio que habitamos como mujeres; así mismo denunciaremos los distintos tipos de violencia directa, cultural y estructural que se expresa en el espacio íntimo, comunitario y social que el sistema capitalista, patriarcal, neoliberal, neoextractivista y colonial reproduce amenazando la vida de las mujeres y nuestros pueblos.

En este espacio buscamos también hacer un frente común para defender la vida digna, exigiendo justicia y verdad para víctimas de violencia, sobrevivientes y familiares de víctimas de feminicidio, integrando la participación activa de mujeres, hombres, niños, niñas, ancianos y jóvenes.

ASAMBLEA

23 y 24 de noviembre de 2017, 09:00 hrs. CIDECI Unitierra, camino Viejo a Chamula S/N, Colonia Nueva Maravilla, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

MARCHA

25 de Noviembre de 2017, 09:00 hrs. Marcha contra la Violencia hacia las Mujeres. Punto de reunión: Unidad Administrativa, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Mitin en la Plaza de la Resistencia

CONVOCAN: Movimiento en Defensa de la Tierra, el Territorio y por la Participación y el Reconocimiento de las Mujeres en la toma de decisiones; Red de Comunicadoras K’aseselk’op; Colectivos de Mujeres de la Región Norte, Altos y Sierra Fronteriza ); Grupo Tierra del CESMECA-UNICACH; Casa de la Mujer Ixim Antzetik A.C.; Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C.

Información y contacto: Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, AC / Tel: (01967) 631 6075 / Correo: centro@cdmch.org

¡¡¡Con la Tenencia Familiar las Mujeres defendemos el Territorio como Propiedad Social!!!

https://territoriochiapas.wordpress.com/

Descarga aquí el programa completo

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