Pronunciamiento del Tercer Encuentro Regional en Zona Norte de Chiapas

Comunidad  Lomas de Venado, Municipio de  Salto de Agua,  Chiapas  a 16 de Junio del 2018

A los Pueblos de México.

A la Prensa Nacional e internacional.

A la Sociedad Civil Nacional e internacional.

A los Organismos de Derechos Humanos.

A los medios de comunicación alternativos.

 

Saludamos a nuestr@s compañer@s de los pueblos, barrios  y  ciudades que luchan y resisten en nuestros País y en otras partes del Mundo donde también son afectados por el Capitalismo.

Les compartimos que ante el contexto electoral que estamos viviendo actualmente en nuestro país y ante las Leyes que imponen los malos  gobiernos  en complicidad con los Gobiernos de otros países y empresas transnacionales, que buscan desarticular nuestras luchas en defensa de la tierra y la vida,  les compartimos que el día 15 y 16 de junio, llevamos a cabo nuestros tercer encuentro regional “En defensa de la vida, la tierra, el territorio y por la soberanía alimentaria”, donde participamos más de 300 personas, entre mujeres, hombres, niñas, niños y personas mayores de edad indígenas tzeltales y ch´oles de la región norte-selva provenientes de la comunidades Rio Tulija, Lomas de Venado, Agua Clara, Yaxj´a, Chapayal, Monte Bello, Ruiz Cortines, Velasco, Achl´um Tulija, La  Concordia, Galilea, Ranchería Primavera, San Jose Juxil, Chapayal, La Jacaranda, Palma Tulija, Municipio de Salto de Agua; Tim, Corostic, Tim, Jolmuculja, Alan Sacun, Coquiteel 1a. y 2ª Seccion, Piquinteel, Municipio de Chilon; y la comunidad Ignacio Allende, Municipio de Tumbalá, de la región Norte-Selva.

En este encuentro reivindicamos nuestra identidad indígena danzando, tocando el caracol y agradeciendo a los elementos de la naturaleza  que nos dan la vida el sol, la lluvia, el viento y la tierra, símbolo de comunicación, organización y unidad, recordando y caminando como lo hicieron nuestras abuelas y abuelos cuando lucharon por la tierra donde actualmente vivimos, sembramos y cultivamos nuestros alimentos, donde convivimos entre nosotros y con la madre naturaleza, por estas razones como indígenas hemos reflexionado que nuestra lucha no tiene fecha, ni hora, ni  fin que tiene que ser constante día a día contra todas las injusticias que estamos viviendo.

En este encuentro analizamos las causas y consecuencias que estamos viviendo previo a las elecciones del primero de Julio, así como también sobre la  Ley de Seguridad Interior y demás reformas y leyes que atentan contra nuestra  vida, cultura, entorno en donde vivimos y cultivamos nuestros alimentos ante esto concluimos que:

Estamos reunidos por conciencia porque creemos que la lucha por la vida y la tierra lo tenemos que hacer nosotr@s mism@s, nadie más lo va ser por nosotros ni siquiera los gobiernos porque ellos no gobiernan para el pueblo sino para el bien de las empresas transnacionales, no creemos en ellos, ni en sus promesas porque los conocemos cuando llegan al poder se olvidan del pueblo, pero ahora que estan en campañas llegan entregando regalos, despensas y dinero comprando el voto engañando a la gente.

Durante este día tomamos el acuerdo de caminar parejo, hombres y mujeres, de reconocernos en igualdad de derechos. En esta reunión analizamos los problemas, las causas y las consecuencias de las políticas de privatización y despojo que el gobierno neoliberal viene ejecutando y que continuará aún después de las próximas elecciones federales, estatales y municipales. Sabemos que cuando el gobierno neoliberal y los candidatos hablan de crecimiento económico y de inversión, hablan de continuar y profundizar la mercantilización de la sagrada tierra, del agua, los bosques, los minerales, de los conocimientos, saberes ancestrales y promoviendo los monocultivos como la palma africana entre otros.

Impulsaremos la participación en nuestras comunidades de mujeres y hombres, jóvenes, jóvenas, niños y niñas,  para defender nuestro derecho a la vida, en contra de la Ley de seguridad Interior y todas aquellas leyes que atentan contra nuestro pueblo y nuestra tierra.

Nuestra lucha es desde abajo y a la izquierda, sabemos que a través de los programas y proyectos buscan dividirnos, les decimos que luchamos contra sus ideologías individualistas,  fortaleciendo nuestro caminar juntos articulándonos y buscando formas de comunicación que construyan la solidaridad entre las comunidades y ejidos porque solo así podremos hacer un frente común en contra de todas las formas de violencia.

También acordamos que otra forma de luchar es construir nuestros reglamentos ejidales, porque tenemos la capacidad de hacer nuestras propias leyes como pueblos indígenas, donde participaremos en igualdad mujeres y hombres, porque en este encuentro analizamos que solo los hombres no podremos hacer frente a este sistema de muerte, que es valioso e importante la participación política y activa de las mujeres.

Les decimos a los gobiernos que no tenemos miedo, que seguiremos organizándonos y levantando nuestra voz  denunciando todas las violencias que hacen  en contra de nuestras familias y pueblos.

Otra forma de nuestra lucha es construir nuestra autonomía donde vivamos en paz, donde prevalezca la justicia en igualdad y juntos podamos decidir cómo queremos sembrar, cultivar y cuidar nuestra madre tierra.

Como mujeres y hombres tenemos que fortalecer nuestro caminar, conociendo y defendiendo nuestros derechos, luchando contra las violencias que vivimos por ser mujeres y por ser indígenas.

*También les decimos a los gobiernos cómplices de las empresas de agrotóxicos que a través  de sus programas y proyectos del campo imponen el uso de los agroquímicos destruyendo la madre tierra y afectando de esta manera nuestra salud.

*Les decimos que aunque pasamos hambre, frio y sol, nuestra lucha continuará, porque así nos dejaron dicho nuestros abuelos y abuelas que no debemos vender nuestra madre tierra porque aquí vivimos y aquí esta nuestra historia.

*Hacemos un llamado a las autoridades ejidales, comunitarias, pueblo en general a organizarse y articularse en la lucha por la defensa de la vida, la tierra y todo lo que nos da la vida.

¡Rechazo total a la Ley de Seguridad Interior!

¡Vivan los pueblos que luchan!

¡Por la vida y por la paz, militares nunca más!

Descarga aquí el pronunciamiento en PDF

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Pronunciamiento del Segundo Encuentro Regional Altos en Defensa de la Vida, la Tierra y el Territorio

Villa Las Rosas, Chiapas, México; 19 de mayo de 2018

Pronunciamiento del Encuentro Regional

en Defensa de la Vida, la Tierra y el Territorio

Mujeres y hombres de distintas comunidades y organizaciones de la Zona Altos, Centro y Llanos nos reunimos los días 18 y 19 de mayo en Villa Las Rosas para compartir en este Segundo Encuentro Regional donde intercambiamos información, reflexión, análisis y denuncia sobre los proyectos neoliberales y extractivistas de muerte que amenazan nuestras vidas, tierras y territorios como pueblos originarios que somos.

Durante este Encuentro hicimos memoria para recordar que desde los inicios del capitalismo comenzó la acumulación de las riquezas, la propiedad privada, la división del trabajo, el acaparamiento de los medios de producción, la explotación de la humanidad, el despojo de los bienes comunes como la tierra, la perdida de soberanía, la invasión de la industria de los agrótoxicos, la ocupación militar de nuestros territorios y la desigualdad de clase, género y etnia.

Compartimos como a lo largo del tiempo el capitalismo ha ido implementando nuevas formas de despojo y de ocupación directa como ahora la Ley de Seguridad Interior (LSI) que entre sus principales consecuencias está la facultad del ejército y las fuerzas armadas para neutralizar actos de resistencia pacifica, practicar detenciones arbitrarias, asegurar bienes, realizar investigaciones, intervenir comunicaciones privadas, recolectar información a través de distintos métodos y recibir posibles denuncias.

Esta Ley de Seguridad fue rechazada por muchas organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales ya que se aprobó a pesar de los altos índices de violencia, los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el ejército apoyando a grupos paramilitares y la creciente conflictividad que se agrava con el proceso electoral que estamos viviendo hoy en México.

También compartimos que no sólo las leyes que violan derechos humanos son las que están afectando nuestras comunidades, en muchos lugares hoy estamos haciendo frente a los programas de gobierno que generan, división, dependencia y control social, incluso en algunos casos hay programas que sólo traen más contaminación, enfermedades y muerte como la entrega de fertilizantes y agrotóxicos según para mejorar nuestros alimentos.

Sin embargo, ubicamos que los agrotóxicos tienen incluso un efecto más agresivo y violento en el cuerpo de las mujeres ya que los químicos y veneno que contienen estos productos afectan la vida de las generaciones que vienen a través de las niñas y niños que nacen con enfermedades o padecimientos derivados de estos agroquímicos, esta situación trae encadenado otro problema que es el de la salud pública ya que como familias nos vemos en la necesidad de buscar atención especializada y comprar medicamentos que sólo enriquecen a las empresas farmacéuticas.

Por eso denunciamos que la industria de los agrotóxicos cada vez va generando mayor dependencia de estos productos nocivos ya que, por ejemplo, la maleza se va haciendo más resistente a los químicos que se aplican obligando a comprar nuevas marcas, y en los cultivos cuando se emplean químicos para acelerar la producción estamos consumiendo más productos contaminados afectando seriamente nuestras condiciones de salud.

Esta cadena además amenaza a nuestras semillas nativas que pretenden extinguir hasta que entremos al círculo de consumo y dependencia alimentaria que las empresas transnacionales buscan imponer.

Nos preocupa también que, como parte de toda esta violencia estructural e institucional, se suman las agresiones de grupos de choque, partidistas,  de la delincuencia organizada y el narcotráfico que buscan dividir nuestros pueblos por el hecho que decidimos organizarnos y resistir de manera civil y pacifica.

Ante ello, nos pronunciamos:

  • Hoy, 19 de Mayo, día de acción global contra las empresas de Bayer y Monsanto expresamos nuestro rechazo a estos productos de muerte y destrucción que atentan contra la soberanía alimentaria, la salud de nuestras familias y la autonomía de nuestros pueblos.
  • Rechazamos la implementación de la Ley de Seguridad Interior ya que significa la militarización de la vida comunitaria y un estado de guerra contra la población civil.
  • Denunciamos el uso de los programas sociales para controlar al pueblo para que no se movilice y se conforme con la situación de pobreza y saqueo que vivimos.
  • Denunciamos la afectación a la madre tierra, la contaminación del agua, ríos, manantiales, derivado de los residuos tóxicos por los agroquímicos, fertilizantes y herbicidas que se usan para acelerar la producción de alimentos de empresas transnacionales.
  • Responsabilizamos a las autoridades de los tres niveles de gobierno por no garantizar el cumplimiento de los derechos humanos a una vida digna.
  • Reprobamos la agresión directa que sufrió nuestra compañera María Guzmán Pérez, integrante de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, a quien el día 25 de Abril la amenazaron de muerte por mantenerse en la resistencia civil y pacifica.

Nos comprometemos a:

  • Continuar denunciando a través de los medios de comunicación a nuestro alcance, así como realizando brigadas informativas para concientizar a quienes no han despertado.
  • Hacer cultivos orgánicos, no usar agroquímicos, conservar nuestro suelos y producir de manera sana para ir fomentando la soberanía alimentaria.
  • Rechazar las migajas y engaños de los partidos políticos.
  • Seguir organizándonos para ejercer nuestros derechos y compartir la información con más comunidades y organizaciones dispuestos a luchar.
  • No permitir la militarización de nuestros pueblos y defender la autodeterminación y autonomía de nuestros pueblos.
  • Impulsar y respetar la participación de las mujeres en la toma de decisiones.
  • Estar pendientes de nuestras compañeras y compañeros de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal por las agresiones que están denunciando para exigir la paz, verdad y justicia para los mártires de Acteal.
  • Vigilar lo que ocurre en nuestras comunidades sobre las amenazas de los proyectos de gobierno, los agrotóxicos, las incursiones militares, las empresas mineras, las amenazas de la CFE y de los que buscan privatizar el agua y nuestros recursos naturales para no permitir el despojo y mantenernos organizadas y articuladas como pueblos que somos.

¡¡¡No más violencia contra las mujeres!!!

¡¡¡No a la militarización de nuestros territorios, Alto a la Ley de Seguridad Interior!!!

¡¡¡Organizadas por la defensa de la vida, la tierra y el territorio!!!

 

  

Atentamente:

Mujeres y hombres participantes en el

Encuentro Regional en Villa Las Rosas, Chiapas.

 

Descarga el pronunciamiento en PDF aquí

Galería de fotos, disponible aquí: https://bit.ly/2GF8aax

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Leyes en México en el desamparo

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 06 de marzo de 2018

Comunicado de prensa conjunto

 Leyes en México en el desamparo

Tras la realización del “Foro Detengamos la Militarización. Análisis de la Ley de Seguridad Interior”, diversas organizaciones civiles defensoras de derechos humanos y 87 personas en lo individual presentamos el pasado 02 de febrero de 2018 una demanda de Amparo Indirecto en contra de la Ley de Seguridad Interior (LSI). El recurso fue radicado en el Juzgado Cuarto de Distrito, a cargo del Juez Mario Fernando Gallegos León, del vigésimo circuito, con sede en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Seis días después, el 08 de febrero, el citado Juez declaró improcedente el recurso al interpretar que quienes solicitamos el Amparo No. 127/2018 no nos asiste un interés legítimo por no ser un grupo vulnerable ni formar parte de algún grupo en particular que haya sufrido o sufra el agravio de los efectos de la LSI que se argumentan en la demanda.

En consecuencia, el pasado 15 de febrero, las organizaciones y personas firmantes del Amparo promovimos recurso de queja a fin de dejar sin efecto el acuerdo resuelto por el Juez Mario Gallegos para que se ordene admitir a trámite la demanda de amparo.

Estas acciones legales forman parte de los acuerdos alcanzados en el Foro de Análisis en donde se desprendieron varias propuestas de carácter político para reivindicar la defensa y ejercicio de Derechos Humanos que serían violados tras la implementación de la LSI al otorgar facultades a las Fuerzas Armadas en la realización de tareas de Seguridad Pública y Ciudadana atribuibles a cuerpos civiles de seguridad en el Estado.

En la argumentación del Amparo promovido, las personas defensoras de Derechos Humanos llamamos la atención sobre la flagrante violación de la LSI a la Constitución Mexicana ya que tras las reformas constitucionales de 2011 se debería ponderar el interés legítimo, el principio pro persona y la progresividad e interdependencia de los derechos humanos, mismos que han sido violados en México como lo hemos documentado tras la intervención del Ejército en distintas actuaciones que representan casos de crímenes de lesa humanidad ante instancias Internacionales de Derechos Humanos.

En ese sentido, el pasado 2 de marzo, el Colectivo Seguridad Sin Guerra dejó patente en audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la Ley de Seguridad Interior viola la Constitución y los tratados internacionales; no soluciona los problemas de inseguridad; no contiene contrapesos y controles para supervisar el despliegue militar extraordinario que impulsa; eleva a rango legal una estrategia en materia de seguridad que ha fallado a la largo de la última década; y trastoca la relación cívico militar, dotando de poderes sin contrapesos al sector castrense lo que conlleva un riesgo sustantivo dada la fragilidad institucional de nuestro país.

De manera particular argumentamos que la Ley de Seguridad Interior contraviene diversos artículos de la Constitución Mexicana que amparan el reconocimiento de la conciencia de la identidad indígena que deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas en México (Artículo 2); el respeto a la tierra, territorio y bienes naturales de la nación y de los pueblos originarios (artículo 27); así como los artículos que amparan el derecho al libre tránsito, libertad de expresión, derecho a la información y protección de datos personales, derecho de asociación y protesta social, así como los relativos a garantizar el debido proceso y la seguridad jurídica de las y los ciudadanos; es importante recordar además que ni el Poder Ejecutivo ni la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) deciden por sí mismas ya que las entidades y municipios son encargados de la seguridad pública de carácter civil y en tiempos de paz, los militares deben estar en sus cuarteles y fuera de las poblaciones.

Por si ello fuera poco el Juez Gallegos León, que resolvió desechar el Amparo, ignoró reconocer nuestro legitimo interés y nuestra identidad como Personas Defensoras cuyo mandato está consignado en el marco normativo internacional que México ha suscrito y ratificado en Tratados y Pactos Internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los Derechos Humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará) en el caso especifico de quienes defendemos Derechos Humanos de las Mujeres.

No obstante, sabemos también que la Ley de Seguridad Interior va de la mano de otros acuerdos y pactos políticos y económicos que tienen especial interés en el control social de nuestro territorio; en el caso particular de Chiapas la implementación por decreto de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) tiene por objeto facilitar el despojo de los recursos naturales, energéticos y no renovables que se encuentran en la zona fronteriza de Chiapas y Guatemala.

Este decreto que sí implica la entrega de la economía, la soberanía y la riqueza nacional a Estados Unidos y las empresas multilaterales, no encuentra obstáculos y límites al dejar libres de impuestos a las empresas inversionistas, les otorga excepcionalidad arancelaria, tribunales autónomos e independientes para que puedan adoptar sistemas jurídicos propios dentro de las ZEE.

En ese mismo sentido en distintas ocasiones hemos denunciado que la LSI representa además la continuidad del carácter contrainsurgente del Estado Mexicano para tratar el Conflicto Armado Interno en Chiapas, que entre sus múltiples consecuencias ha dejado a miles de personas desplazadas de manera forzada, ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales, feminicidios, tortura, desaparición forzada, rompimiento del tejido social y la creación de grupos paramilitares que hoy actúan en las regiones Altos, Norte y Selva con impunidad garantizada.

Por todo ello, y pese a que los jueces estén negado el recurso de Amparo, como ciudadanos refrendamos que nuestro derecho está fundado en la Constitución Política denunciando la amenaza individual, colectiva y generalizada que implica el proceso de militarización en el país.

Nuestro interés legítimo no requiere de un derecho subjetivo (como el derecho individual y material y directo), ya que el proceso de militarización que implica la Ley de Seguridad Interna sólo contribuirá a generar más violencia y condiciones para que violaciones a los derechos humanos queden en impunidad.

Finalmente, es de vital importancia que jueces, magistrados y administradores de justicia en los distintos órganos conozcan, lean y atiendan las críticas fundadas a la LSI que han hecho instancias como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH); la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; los relatores especiales de la ONU; rectores de las universidades nacionales; organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch; especialistas en derecho y en seguridad; víctimas de violaciones a derechos humanos; comunidad artística e intelectual; organizaciones, comunidades, colectivos y movimientos; y más de 250,000 personas que enviaron comunicaciones externando su preocupación.

 

 

Melel Xojobal, AC

Foro para el Desarrollo Sustentable, AC (FORO)

Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, AC (CDMCH)

Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, AC (COLEM),

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, AC (Frayba)

Movimiento en Defensa de la Tierra, el Territorio y por la Participación y el Reconocimiento de las Mujeres en las Decisiones.

 

87 personas en lo individual (firmantes del Amparo)

Descarga el comunicado conjunto en PDF aquí

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Fotografía: Cortesía de Radio Zapote

Pronunciamiento del Movimiento de Mujeres en Defensa del Territorio

25 DE NOVIEMBRE

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES”

PRONUNCIAMIENTO

En el marco del Día Internacional de Lucha Contra la Violencia Hacia las Mujeres, el pasado 23 y 24 de noviembre nos dimos cita mujeres, hombres, niñas y ancianas de distintas regiones de Chiapas, México y el Mundo en la Quinta Asamblea del Movimiento en Defensa de la Tierra, el Territorio y por la Participación y el Reconocimiento de las Mujeres en las Decisiones para denunciar el aumento de la violencia directa, institucional y estructural cuya emergencia y gravedad tenía que atender la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para las Mujeres de Chiapas (AVGM) y que el gobierno de Chiapas no ha cumplido.

Durante estos días compartimos testimonios de como la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas no es un problema que únicamente deban resolver hombres y mujeres en el ámbito privado, las familias en sus relaciones, comunidades al interior de los pueblos y organizaciones civiles en la promoción y defensa de derechos, es una responsabilidad sobre todo del Estado ya que la dimensión de la violencia feminicida tiene sus orígenes y causas en la violencia estructural como la pobreza, discriminación, injusticia, misoginia, desigualdad de clase, género, etnia edad, preferencia sexual, etc. que se reproduce desde las instituciones y agentes del Estado patriarcal.

Desde que se Declaró la Alerta de Violencia de Género, el pasado 18 de noviembre de 2016, el gobierno de Chiapas y el gobierno federal debieron implementar acciones de emergencia en materia de prevención, justicia, reparación del daño y una amplia difusión de mensajes de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, sin embargo en distintas ocasiones hemos denunciado que eso, hasta el día de hoy, no ha sucedido.

Por el contrario, los índices de violencia en Chiapas tales como agresiones físicas, desaparición y secuestro de personas sobre todo mujeres, trata, despojo, desplazamiento forzado, desalojos, abuso, violación sexual y feminicidio han aumentado de manera alarmante en los 122 municipios de Chiapas, por eso insistimos que la Alerta de Violencia de Género no puede reducirse a los 23 señalados por el gobierno federal.

De la información que se compartió en esta Asamblea señalamos algunas de las principales denuncias en las que coincidimos:

En el ámbito de las medidas de prevención:

  • Los mensajes públicos que ha emitido el gobernador, Manuel Velasco Coello, y el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, han sido pronunciados durante la entrega de los programas asistenciales como Prospera aprovechándose de la necesidad de las mujeres que son acarreadas para llenar estos actos multitudinarios; por lo tanto los mensajes de prevención pierden todo sentido ya que se dan en medio del condicionamiento político, abordando el tema de la violencia desde una óptica patriarcal, en un ámbito atravesado por el acoso y el racismo gubernamental. Sin hacer mención de los verdaderos problemas que viven las mujeres y cuya responsabilidad es del Estado y sus instituciones de salud, educación y justicia para erradicar la violencia contra las mujeres.

  • En materia de salud, continua sin aplicarse a cabalidad la Norma 046 y se niega eventualmente la atención médica de urgencia, hospitalaria y de consulta médica incluso cuando las mujeres requieren atención obstétrica, por violencia familiar, violencia sexual y feminicida, revictimizandolas e incumpliendo las medidas de la Alerta de Violencia de Género. En este ámbito, se criminaliza el trabajo de las parteras tradicionales a las que se condiciona su práctica y conocimiento obligándolas a capacitarse y certificarse, con la finalidad de que dejen de ser parteras y se conviertan en asistentes o enfermeras de los médicos, por ello con toda razón decimos: “La violencia es tan dura como el dolor del parto”. También hace falta en todos los hospitales y clínicas de la entidad personal suficiente y capacitado en los mencionados perfiles, se carece de la infraestructura material, instrumental necesaria y del cuadro básico de medicamentos para brindar la atención médica, que como derecho humano corresponde a nuestros pueblos, y de manera especial a las mujeres desde su especifica vulnerabilidad social, económica y cultural, lo que se traduce en violencia institucional.

  • En nuestras comunidades el PROCEDE (para la certificación agraria), como política pública neoliberal sigue acreditando la tierra solo a los hombres, legitimando e institucionalizando la exclusión de las mujeres del derecho a la tenencia, uso y usufructo de la tierra; la Procuraduría Agraria sigue favoreciendo los despojos de tierra a las mujeres, perpetuando los usos y costumbres que violan derechos humanos, a conveniencia del patriarcado indígena, con lo que las autoridades agrarias son coparticipes del delito.

  • Los presidentes municipales hacen funciones de jueces y los jueces de paz se subordinan a ellos o los grupos de poder factico al interior de las comunidades, en donde ya se cuenta con el poder narco-paramilitar, mercantilizando la justicia a partir del pago de multas a las partes, en donde para las mujeres no hay justicia y por el contrario son de nuevo revictimizadas y en algunos casos pueden ser violadas por las autoridades.

  • El sistema educativo, en el que a pesar del mandato constitucional, el profesorado no elimina de las aulas la violencia racista, clasista y sexista debido a la falta de una capacitación en los enfoques de género y derechos humanos para eliminar estas violencias desde los niveles de prescolar a universitario.

  • El estado es omiso y cómplice con los espacios publicitarios que promueven la degradación y la objetivación de las mujeres, su promoción como mercancías sexuales y el amor romántico que perpetua el rol subordinado de genero de las mujeres. L os mensajes de violencia simbólica están en los medios masivos, tolerados y promovidos por las empresas televisivas (TELEVISA y TV AZTECA) que fabrican, sostienen y justifican a los malos gobiernos neoliberales y patriarcales en el poder.

  • El Estado no entiende la dimensión de la violencia feminicida, en la cual el feminicidio es una muestra extrema de esta. Sin duda, hace falta que el poder capitalista patriarcal se vea a sí mismo para comprender el carácter sistémico de la violencia que denunciamos hoy. Esta corta visión del estado y sus agentes ha favorecido que nuestra demanda haya sido reducida y no contemple adecuadamente la violencia feminicida y menos aún la violencia estructural de la que el Estado es responsable.

  • El estado tampoco comprende la dimensión de violencia de género, y dirige su discurso (que no su acción) solo a la violencia que vivimos las mujeres, sin considerar esta violencia como un problema relacional, entre hombres y mujeres.

En el ámbito de las medidas de justicia y reparación:

  • El sistema de justicia, carece de las herramientas teórico metodológicas básicas para atender las situaciones de violencia que denuncian las mujeres, incluyendo a las instancias especializadas desde las que se revictimiza a las mujeres, se invisibiliza y se ignora la violencia estructural y sistémica que determina la reproducción de la violencia de género en todos los ámbitos de la vida social.

  • El Estado y sus funcionarios no entiende la dimensión de la violencia feminicida como violencia sistémica, en la cual el feminicidio es una muestra extrema de esta violencia. Esta corta visión, ha favorecido que nuestra demanda haya sido reducida y no contemple la violencia feminicida y menos aún la violencia estructural de la que el Estado es responsable. De igual manera no se comprende la dimensión de violencia de género, por lo que el Estado dirige su discurso (que no su acción) a la violencia que vivimos las mujeres, sin considerar esta violencia como un problema relacional, entre hombres y mujeres. El primer signo visible de esta transformación ideológica y cultural sería la comprensión de la medida llamada “Tolerancia Cero” que hasta el momento se reduce a la promoción de un slogan publicitario vacío de contenido y responsabilidad política.

  • Sin duda el Estado debe dotarse de la asesoría científica y ética necesaria para capacitar y formar a sus agentes en estas dimensiones de la vida social para que cumplan realmente con sus responsabilidades legales con las mujeres y con la sociedad en su conjunto. Tal y como exigen los tratados internacionales de los que es parte. De tal forma que el derecho de las mujeres para el acceso a la justicia esta mediado por la incapacidad, falta de investigación y análisis contextualizados, falta de recursos e infraestructura, impunidad y en muchos casos inconstitucionalidad de leyes, como es el caso de la conciliación en casos de violencia familiar, con esta situación, la reparación del daño para las víctimas de feminicidio y sus familias sigue siendo letra muerta.

  • Por otro lado, el presupuesto destinado a la Alerta de Violencia de Género, es un botín político de los funcionarios corruptos que roban el dinero del pueblo, tal y como roban el dinero de los damnificados del Sismo. En los municipios que forman parte de la implementación de la Alerta, se dice que desconocen la existencia y los montos de los recursos en este rubro y las pocas acciones que realizan son resultado de los recortes a sus presupuestos en otras tareas municipales. El CONAVIM es omiso e irresponsable en relación a sus responsabilidades frente la implementacion de la AVG en Chiapas.

Por todo esto, declaramos que Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong y Manuel Velasco Coello, representantes del Estado Mexicano. NO HAN CUMPLIDO con la implementación efectiva de la Alerta de Violencia de Genero en Chiapas, tal y como lo mandata la ley.

Por lo que les responsabilizamos de las 35 desapariciones de mujeres (dato de la Fiscalía General del Estado); de los cientos de violaciones sexuales, de más de doscientas muertes violentas, y de por lo menos 58 feminicidios y 79 tentativas (datos del Observatorio Feminista Contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas), ocurridas en este año en curso, mismo en el que transcurre la Alerta de Género en Chiapas.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 25 de noviembre de 2017

¡No más violencia contra las mujeres!

¡Vivas nos queremos!

¡Vivan las hermanas Mirabal!

Galería de fotos en Facebook, disponible aquí: http://bit.ly/2Ae7g5l

Descarga el pronunciamiento en PDF aquí

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Reporte de la Red de Comunicadoras K’asesel K’op / Segundo día

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San Cristóbal de las Casas a 24 de noviembre 2017 / Red de Comunicadoras Comunitarias K’asesel K’op / Este día la Asamblea de mujeres, pueblos y organizaciones en defensa de la tierra, el territorio y por el derecho de las mujeres a decidir retomó sus trabajos con los objetivos de, por un lado, revisar, analizar y evaluar la puesta en práctica de la Alerta de Violencia de Género (AVG), evidenciando así la omisión del Estado y el gobierno en sus tres niveles; y por el otro generar alternativas para prevenir las violencias contra las mujeres, así como hacer justicia a los numerosos casos de feminicidios en Chiapas, que son 62 en lo que va del 2017.

Por la mañana, las asistentes nos dividimos en cuatro grupos para revisar el cumplimiento de los acuerdos estipulados en la AVG. Dado que en cada uno de estos grupos se hizo evidente la omisión por parte del Estado, se prepararon sendas demandas, en los rubros de Seguridad, Prevención, Justicia y Reparación. Estas se presentaron en el marco de un Juicio Popular al Estado mexicano. Para esto, en una combinación de sociodrama, las voceras de cada grupo de trabajo presentaron las demandas y denuncias. Se comenzó exponiendo cómo en términos de prevención, el gobierno implementó una capacitación superficial y breve a funcionarios, lo cual no puede garantizar una verdadera sensibilidad y conocimiento de la complejidad de la violencia de género. A la par, se dijo que las propuestas formativas con la población deben considerar tanto a niñas, niños, jóvenes, padres de familia y maestros. Se insistió en revisar los contenidos mediáticos que difunden las televisoras, radiodifusoras comerciales.

En términos de justicia, se denunció la violencia que replican los funcionarios públicos de las instituciones de procuración de justicia, quienes desconocen los idiomas de los pueblos indígenas y les discrimina por esto, además de que no toman en cuenta la palabra de las mujeres. Ante esto, los hombres asistentes exigieron se escuche a las mujeres siempre.

El Tribunal popular también sirvió para denunciar cómo el gobierno solapa a grupos paramilitares en la región de Carranza. Así como la permisividad frente a diversos tipos de despojo que viven los pueblos indígenas, y que afectan de forma más violenta a las mujeres.

Por otro lado, algunas asistentes representaron autoridades del gobierno federal y estatal. En su intervención, el gobernador chiapaneco, Manuel Velasco Coello, dijo que en términos de seguridad, ha invertido en patrullas y uniformes nuevos, en cambiar focos de luminarias públicas, y en atender a “sus mujeres” a través de programas de subsidio. Por su parte, quien representó al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, declaró que el gobierno ha hecho difusión de la AVG, que no ha funcionado porque las mujeres no saben leer y no hablan español, además de que no todas tienen televisión. También dijo que ha capacitado a funcionarios, aunque a un ritmo lento. Por su parte la compañera que representó a Peña Nieto, el presidente mexicano, se ufanó de las largas condenas que dan a narcotraficantes y violadores, aunque reconoció que estos último no son tantos. Dijo que asignó al gobierno de Chiapas 31 millones de pesos para crear un programa de seguro de vida.

Una vez escuchadas las denuncias y los alegatos de las autoridades, las compañeras que representaron al juez, declararon que siendo jueces que provienen de las comunidades, entendieron todas las denuncias presentadas; por ello cuestionaron la veracidad, y sobre todo la eficacia de las acciones y mecanismos implementados por el gobierno. Además reconocieron las prácticas de corrupción, negligencia y omisión por parte del Estado, y es por ello que lo declararon culpable del incumplimiento de la AVG, así como de la intensificación de las diversas violencias de género y de despojo a las comunidades indígenas. Frente a esa condena, pidieron el apoyo de las organizaciones, mujeres y pueblos presentes, reconociendo así la relevancia del involucramiento de la sociedad civil en la construcción de una justicia que sirva a las mujeres y a toda la población en general. Las propuestas de castigo fueron que renuncien a sus cargos, se les incauten sus bienes y estos sean repartidos entre todo el pueblo.

Al terminar el Juicio Popular reflexionamos en torno del por qué y para qué realizar un juicio de este tipo. Una parte importante fue identificar la diferencia entre un juicio popular y uno realizado por y desde las instituciones del Estado. Una diferencia sustancial es que en el segundo los jueces, así como las dinámicas y ritmos son designados y diseñados por el mismo Estado. En el primero, el pueblo sí participa, desde el nombramiento de los jueces, como en la forma en que se presentan y dirimen las denuncias, alegatos y pruebas. Para entender esta diferencia compartimos las experiencias del Tribual Permanente de los Pueblos (TPP), realizado en México de 2011 a 2014, el cual sirvió como un proceso de auto-organización socio-política entre los diversos actores que demandaron en al Estado mexicano. Una compañera de Argentina compartió como, al terminar la dictadura en ese país se juzgó por crímenes de lesa humanidad a los militares que implementaron la operación Cóndor; sin embargo, el juicio emitido fue revertido a partir de un indulto decretado por Carlos Saúl Menem. A partir de entonces, se ha buscado la justicia en otros tribunales internacionales, los cuales tienen otra forma de operar distinta a los juicios desde el Estado y los populares.

Al dar nuestra palabra sobre la representación del Juicio, reconocimos que a partir de las realidades de hartazgos y enojo antes las condiciones de vida y la intensidad de las violencias género, es importante pensar en la posibilidad de generar espacios de justicia alternativos. Algunas de las mujeres expresaron que la representación del tribunal les hizo sentir contentas desde su corazón porque lograron expresar lo que sienten y piensan sobre sus realidades, y darse cuenta de que pueden y seguirán luchando para que la vida de sus hijos e hijas sea mejor. Uno de los participantes dijo que desde su corazón lo vio bonito porque le hizo sentir que nos uníamos, y que eso le hace pensar en la necesidad de que necesitamos de que todo el pueblo de organice y no sólo quienes integramos esta Asamblea. Sin embargo, también hubo quién reconoció que en la representación se nos salió el coraje, y que no podía ser de otra forma porque la realidad es injusta y violenta, es así como vivimos. Este coraje, dijo, nos debe ayudar para seguir juntándonos, entre quienes asistimos a las Asamblea, pero también con muchas otras mujeres que sabemos viven violencia y no están hoy aquí. Otras compañeras dijeron que a partir del Tribunal reconocieron que es importante seguir luchando de manera pacífica, sabiendo que los cambios quizá no se den rápidamente, y sobre todo tener claro que no debemos vender nuestras conciencias. En este sentido, reconocimos que en la representación, desde las emociones que vivimos, emergió nuestro carácter de defensoras comunitarias. Por último, una reflexión que quedó en proceso fue la forma de cómo sancionar a las autoridades, replicando la violencia o de forma no violenta.

Quienes representaron a las autoridades reconocieron que fue muy fácil mentir y magnificar las acciones emprendidas por el gobierno, además de que fue muy fácil no escuchar cuando las mujeres presentaban sus denuncias argumentadas. Frente a esta situación emergió la pregunta de cómo podemos hacer para que esas autoridades realmente vean y escuchen cuáles son los problemas que vivimos las mujeres y nuestras comunidades.

Después de la reflexión y compartición de experiencias, se deliberó en la plenaria si podíamos y queríamos comprometernos a realizar un juicio popular, que involucre a más personas, y así podamos unirnos y organizarnos con más actores políticos, tanto en términos de procesos comunitarios, como para poder tener más fuerza política. Reconocimos que aun cuando es necesario identificar las problemáticas específicas, no podemos separar todos los tipos de violencias que se entrelazan.

 

Fue con el compromiso de realizar en 2018 un juicio popular al Estado mexicano que cerramos los trabajos de la Asamblea. Por la tarde nos dedicamos a preparar las pancartas y mantas que llevaremos a la marcha de mañana para conmemorar el día internacional contra la violencia hacia las mujeres.

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Reporte de la Red de Comunicadoras K’asesel K’op / Primer día

Nota de prensa 001

San Cristóbal de las Casas a 23 de noviembre 2017 / Red de Comunicadoras Comunitarias K’asesel K’op / El día de hoy iniciaron los trabajos de la Asamblea de mujeres, pueblos y organizaciones en defensa de la tierra y el territorio y por el derecho de las mujeres a decidir. El objetivo fue visibilizar, discutir y encontrar alternativas frente al incumplimiento del Estado y sus instituciones responsables de la implementación de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) en Chiapas.

Por la mañana las representantes de 18 comunidades de las regiones de los Altos, Selva-Norte y Oriente realizaron diversas actividades que implicaron el movimiento físico, para así general calor y la integración desde el lenguaje corporal. Al mismo tiempo se recordó que la instauración del Día Internacional Contra la Violencia Hacia las Mujeres conmemora la lucha de las hermanas Mirabal de República Dominicana, quienes fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960. Esta violencia se asemeja, dijeron algunas participantes, a la agresión sexual que vivieron las mujeres en la represión de Atenco, Estado de México, en mayo de 2006. Se buscó que esta rememoración sirviera para reconocer cómo esas violencias nos afectan desde nuestros cuerpos, y también como desde ahí podemos encontrar la fuerza para denunciar y luchar contra esas injusticias.

En la parte frontal del auditorio donde se realizaron los trabajos, se colgó una manta en la cual se denuncia al Estado narco paramilitar y feminicida. Los datos que sustentan esta afirmación son que en 2017, según cifras oficiales, en Chiapas han desparecido 38 mujeres, y se registraron 58 feminicidios. Sin embargo, datos como el del Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres en Chiapas indican que durante este año se han cometido 62 feminicidios, y un total de 201 mujeres han muerto de forma violenta. De 2009 a 2017 han desparecido 2,397 mujeres, siendo los municipios de San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez donde desaparecen más mujeres a nivel estatal. A nivel nacional, San Cristóbal de las Casas es el que reporta más violaciones sexuales contra mujeres.

Más allá de la situación a nivel estatal, se reconoció que el feminicidio es un problema de escala global, y por ello mismo se busca trabajar en esta Asamblea desde los niveles más locales, comenzado por el espacio doméstico y comunitario, para ello se trabajó en grupos divididos por regiones a lo largo del día, en los cuales se discutieron los tipos de violencia que vivían las mujeres en sus casas y en sus comunidades, las cuales iban desde lo emocional y sexual, hasta lo obstétrico, la violencia social basada en el clasismo, racismo y sexismo, y el feminicidio como el grado mayor de violencia contra las mujeres. Aquí se vio que hay un problema de violencia de género intergeneracional, donde quienes más padecen los efectos son las jóvenes y las ancianas, y esto sucede tanto en la ciudad como en el campo; esto se traduce en un control sobre la vida de las jóvenes que replica las violencias recibidas por mujeres adultas.

También se discutió lo que nosotras hacemos frente a las violencias feminicidas para erradicarlas, lo que hace el gobierno, y lo que éste debería hacer. Respecto al primer punto, en primer lugar, nos acompañarnos, apoyamos y compartimos conocimientos y saberes que nos ayuden a luchar contra las violencias y sus efectos. Además, se reconoció trabajamos para deconstruirnos a partir de reconocer cuando nosotras mismas replicamos la violencia de género. En algunos casos se ha logrado participar en la elaboración de reglamentos comunitarios/ejidales para desde ahí no incentivar ni tolerar las violencias contra las mujeres.

El gobierno, se dijo, a través de sus diversos programas de subsidio, fomenta la dependencia, no resuelve las situaciones de pobreza, y genera división dentro de las comunidades. También usa a las fuerzas policiales y militares para controlar el territorio, con lo cual no soluciona el problema. Pero, sobre todo, es omiso porque aun cuando se presentan denuncias por parte de mujeres, a título individual, de organización de base o de la sociedad civil, o de comunidades/ejidos, no presta atención, y por ende no resuelve, por lo cual desvaloriza la palabra y organización de las mujeres.

Respecto a lo que consideramos debe hacer el gobierno, se dijo que no esperamos mucho de él, porque ya vimos que no tiene la voluntad de hacerlo. Por ello, hubo coincidencia en la plenaria de que necesitamos organizarnos y luchar. Un ejemplo de ello es cómo desde 2013 diversas organizaciones solicitaron la alerta de violencia de género para Chiapas, pero esta fue rechazada, y sólo en 2016 fue declarada de manera parcial para los municipios de Comitán, Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Tonalá, San Cristóbal de las Casas, Villaflores y los municipios de la Zona Altos de Chiapas. Esto, lejos de solucionar algo ha intensificado el problema, ya que al igual que en otros estados de México, en Chiapas se ha elevado el número de feminicidios incluso con la Declaratoria de Alerta de Género. Ante tal situación, en la plenaria de la Asamblea se cuestionó si y hasta dónde la solución es exigirle al Estado que se haga responsable, o si bien sería una alternativa crear una alerta de género popular.

Todas estas cuestiones fueron discutidas también en un grupo de hombres, quienes reconocieron sus propias formas de ejercer violencia, algunas de ellas son no valorar a las mujeres, comenzando por sus parejas, a quienes cosifican en términos de sólo querer estar con mujeres físicamente atractivas. También reconocieron que los jóvenes en sus comunidades tienen cada vez menos respeto hacia quienes viven ahí, lo cual, dijeron, se agrava por el consumo de alcohol y drogas. En cuanto al gobierno, denunciaron que éste reprime a quienes se organizan para luchar, tanto a hombres como a mujeres, pero sobre todo a jóvenes, y por ello, el machismo y las violencias feminicidas afectan a toda la comunidad. Ante ello, la propuesta de los hombres es que se haga una ley entre todas las comunidades que ataque las violencias que se ejercen contra las mujeres, y que esta ley se envíe a cada autoridad de ejidos y comunidades.

Por la tarde, una vez presentado el trabajo en grupos, se hizo la síntesis de las violencias que se viven en las comunidades. En primer lugar hay una práctica sistemática de despojo de territorio, de saberes, de ejercicio de derechos como la participación en la toma de decisiones comunitarias o la elección de dónde y cómo parir. En el ámbito familiar hay una desvalorización por el ser mujer, y esto lleva al control, a excesivas cargas y jornadas de trabajo no valoradas; además de que la realidad sobre las relaciones sexuales no consensuadas es frecuente, pero sigue siendo un tema tabú en toda la sociedad, rural y urbana. Así, se concluyó que la violencia que vivimos las mujeres de las comunidades como de la ciudad es una cuestión estructural, no son expresiones aisladas ya que lleva décadas sucediendo.

A partir del reconocimiento de la omisión del Estado, la Asamblea se dividió en tres grupos para revisar las responsabilidades del mismo en relación con la AVG: prevención, seguridad, justicia y reparación. Así, cada grupo elaboró una acusación en términos del incumplimiento de los compromisos contraídos por el Estado Mexicano al declarar la AVG y suscribir la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Éstas servirán para hacer un juicio popular al Estado Mexicano.

La primera sesión de trabajo terminó al anochecer, con la claridad de que aun cuando hablamos a lo largo del día de violencia de género contra las mujeres, sí es importante tener en cuenta que estas violencias no son vividas de igual manera ya que la edad, la etnia y la clase influyen de forma tal que tanto los efectos como los modos para actuar en contra de estas violencias son distintos. Luego de una larga jornada nos despedimos con la consigna de continuar al día siguiente denunciando y actuando porque en México nos están matando a las mujeres.

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INVITACIÓN A LA QUINTA ASAMBLEA DE MUJERES, PUEBLOS Y ORGANIZACIONES EN DEFENSA DE LA TIERRA, EL TERRITORIO Y POR EL DERECHO DE LAS MUJERES A DECIDIR

En el marco del Día Internacional Contra la Violencia hacia las Mujeres, y a un año del incumplimiento de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para las Mujeres en Chiapas (DAVGM), las y los integrantes del Movimiento en Defensa de la Tierra, el Territorio y por la Participación y el Reconocimiento de las Mujeres en las Decisiones, convocamos a mujeres, hombres, comunidades, ejidos, pueblos y organizaciones a compartir nuestra palabra y lucha en la:

QUINTA ASAMBLEA DE MUJERES, PUEBLOS Y ORGANIZACIONES EN DEFENSA DE LA TIERRA, EL TERRITORIO Y POR EL DERECHO DE LAS MUJERES A DECIDIR

Para denunciar el incumplimiento del Estado y sus instituciones de la DAGVM, exigir la garantía y cumplimiento de nuestro derecho a vivir una vida digna sin violencia en todos los ámbitos, salud, educación, participación política y visibilizar la violencia feminicida que atenta contra el cuerpo-tierra-territorio que habitamos como mujeres; así mismo denunciaremos los distintos tipos de violencia directa, cultural y estructural que se expresa en el espacio íntimo, comunitario y social que el sistema capitalista, patriarcal, neoliberal, neoextractivista y colonial reproduce amenazando la vida de las mujeres y nuestros pueblos.

En este espacio buscamos también hacer un frente común para defender la vida digna, exigiendo justicia y verdad para víctimas de violencia, sobrevivientes y familiares de víctimas de feminicidio, integrando la participación activa de mujeres, hombres, niños, niñas, ancianos y jóvenes.

ASAMBLEA

23 y 24 de noviembre de 2017, 09:00 hrs. CIDECI Unitierra, camino Viejo a Chamula S/N, Colonia Nueva Maravilla, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

MARCHA

25 de Noviembre de 2017, 09:00 hrs. Marcha contra la Violencia hacia las Mujeres. Punto de reunión: Unidad Administrativa, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Mitin en la Plaza de la Resistencia

CONVOCAN: Movimiento en Defensa de la Tierra, el Territorio y por la Participación y el Reconocimiento de las Mujeres en la toma de decisiones; Red de Comunicadoras K’aseselk’op; Colectivos de Mujeres de la Región Norte, Altos y Sierra Fronteriza ); Grupo Tierra del CESMECA-UNICACH; Casa de la Mujer Ixim Antzetik A.C.; Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C.

Información y contacto: Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, AC / Tel: (01967) 631 6075 / Correo: centro@cdmch.org

¡¡¡Con la Tenencia Familiar las Mujeres defendemos el Territorio como Propiedad Social!!!

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CIDH publica informe sobre los derechos humanos de las mujeres indígenas en América

27 de octubre de 2017

Montevideo – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica hoy un informe sobre los derechos humanos de las mujeres indígenas en América. El informe describe las diferentes formas de discriminación que las mujeres indígenas enfrentan, en función de diversas facetas de su identidad. Asimismo, analiza cómo esta situación acentúa su exposición a la violencia y obstaculiza su acceso a la justicia y el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales. A través de este informe, la CIDH establece principios rectores que deben guiar la acción de los Estados para prevenir y abordar todas las violaciones de derechos humanos que afectan a las mujeres indígenas en el continente, desde una perspectiva holística, de género e intercultural.

En razón de su identidad multidimensional, las mujeres indígenas están expuestas a una intersección de formas de discriminación basadas en su identidad cultural, sexo y género, entre otros factores, tanto fuera como dentro de sus propias comunidades, o como resultado de los remanentes históricos y estructurales del colonialismo. La intersección de estas fuentes de discriminación crea capas superpuestas de violaciones de derechos humanos que se refuerzan mutuamente.

Esta discriminación les genera a las mujeres indígenas obstáculos para el goce de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y para su acceso a la justicia. Ellas aún encuentran muy pocas oportunidades para acceder al mercado laboral, dificultades geográficas y económicas singulares para tener acceso a servicios de salud y/o educación, acceso limitado a programas y servicios sociales, y escaso espacio para participación en procesos políticos. Las mujeres indígenas que quieren practicar formas tradicionales de subsistencia suelen enfrentar grandes obstáculos para el acceso a las tierras y los recursos tradicionales. En cuanto al acceso de las mujeres indígenas a la justicia, los principales obstáculos son de naturaleza geográfica, socioeconómica, cultural y lingüística, y están relacionados a la falta de abordaje de la problemática por parte de los Estados. Esta marginación política, social y económica de las mujeres indígenas contribuye a una situación permanente de discriminación estructural, que las vuelve particularmente susceptibles a diversos actos de violencia.

Las mujeres indígenas enfrentan variadas formas de violencia, no solamente violencia física, psicológica y sexual, sino también violencia obstétrica y espiritual, las cuales están prohibidas por los tratados interamericanos de derechos humanos, incluyendo la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer. Las mujeres y niñas indígenas tienden a sufrir más actos de violencia en contextos particulares: en el marco de conflictos armados; durante la ejecución de proyectos de desarrollo, inversión y extracción; cuando se militarizan sus territorios; en el ámbito doméstico; cuando actúan como defensoras de derechos humanos; y durante procesos migratorios y de desplazamiento; entre otros contextos.

La Comisión destaca que el informe fue elaborado en base a la información proporcionada por mujeres y lideresas indígenas. Aunque las mujeres indígenas sufren discriminación y violaciones a sus derechos humanos, aquellas que han interactuado con la Comisión Interamericana en distintos espacios han rechazado la caracterización de víctimas y han exigido su reconocimiento como sujetas de derechos, actoras empoderadas, y lideresas. La CIDH parte del reconocimiento que las mujeres indígenas hacen contribuciones únicas y desempeñan un papel decisivo en la historia de la lucha por la autodeterminación de sus pueblos, por sus derechos colectivos e individuales y por sus derechos como mujeres.

El informe incluye una serie de recomendaciones para ayudar a los Estados en su labor de prevenir y responder a las violaciones de derechos humanos que afectan a las mujeres indígenas. La CIDH recomendó a los Estados que, al elaborar y aplicar medidas para asegurar que se respeten los derechos humanos de las mujeres indígenas, adopten un enfoque holístico para abordar las formas múltiples e interconectadas de discriminación que enfrentan las mujeres indígenas en diferentes contextos, así como para prevenir, investigar, enjuiciar y sancionar todas las formas de violencia en su contra. Este enfoque debe tener en cuenta el sexo, el género y la cosmovisión de las mujeres indígenas, así como los antecedentes de racismo y discriminación que han sufrido. Los Estados deben guiarse en base a los principios de igualdad y no discriminación y tener como base el derecho de las comunidades indígenas a la autodeterminación y a la identidad cultural.

La Comisión estableció que, en su relación con las mujeres indígenas, es indispensable que los Estados consideren el concepto que ellas tienen de sus derechos humanos, la naturaleza individual y colectiva de los derechos que les corresponden, y la relación singular que tienen con su territorio y los recursos naturales. El abordaje de cualquier derecho de las mujeres indígenas implica tener presente en todo momento su cultura, tradiciones, formas de organización y derechos colectivos de los pueblos a los que pertenecen. Esto hace aún más indispensable la participación activa de las mujeres indígenas en los espacios de toma de decisiones. En ese sentido, los Estados deben crear espacios para la participación plena y activa de las mujeres indígenas en la formulación y ejecución de iniciativas, programas y políticas en todos los niveles del gobierno. Asimismo, la CIDH recomendó que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para promover y proteger los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres indígenas a fin de asegurar su pleno acceso a servicios básicos de salud y educación, alimentos y agua.

La CIDH reconoce el esfuerzo realizado por varios Estados de la región para abordar la situación de los derechos humanos de las mujeres indígenas. Sin embargo, persisten grandes barreras y es esencial que los Estados sigan trabajando para buscar soluciones a fin de atender las necesidades particulares de las mujeres indígenas y respetar plenamente y garantizar todos sus derechos humanos, incluyéndolas en estos procesos e incorporando un enfoque integral, de género y etnoracial.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Descarga el informe dando click en la imagen:

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Carta Abierta al Presidente de Guatemala

Estado Feminicida en “Hogar Seguro”

Carta abierta al Gobierno de Guatemala

Señor  Presidente, Jimmy Morales Cabrera:

Quienes suscribimos la presente, mujeres y hombres Defensores de Derechos Humanos, expresamos al Pueblo de Guatemala nuestras condolencias por los graves acontecimientos ocurridos el pasado 8 de marzo en el Hogar Seguro “Virgen de la Asunción”, ubicado en el Municipio de San José Pinula, Departamento de Guatemala.

Desde recién sucedidos los trágicos hechos hemos estado recibiendo información a través de personas, organizaciones y comunidades de Guatemala sobre la negligente actuación de las autoridades a su cargo que han incumplido con las obligaciones derivadas de las Leyes nacionales y el Derecho Internacional.

Una de estas graves omisiones fue no atender de manera diligente la sentencia del Juzgado Sexto de Niñez y Adolescencia del Área Metropolitana que, en Diciembre del año pasado, condenó al Estado de Guatemala por graves violaciones a derechos humanos, mismas que distintas dependencias estatales documentaron, haciendo visible y denunciando las precarias condiciones del albergue, malos tratos, abuso sexual, actos de tortura, privación de la libertad, así como la probable operación de una red de trata de personas que explotaba a niñas y jóvenes menores de edad en complicidad con funcionarios a cargo del Hogar Seguro.

El acto de protesta que las menores de edad iniciaron el día 7 de marzo al interior del Hogar, fue tan solo una de las expresiones desesperadas para romper el miedo ante la muerte progresiva y silenciada que la impunidad del Estado lapidó sobre las pequeñas voces de quienes personifican un país que sobrevive a la violencia estructural, impunidad e injusticia, la huella del genocidio, descomposición social, la nula reparación del daño, el desprecio y discriminación de sus gobernantes sumado al fracaso de las políticas públicas de atención integral, un maltrecho proceso de construcción de paz y el intento de una nación democrática.

En ese sentido, Señor Presidente, nos hiere, indigna y llena de rabia la muerte de, hasta el día de hoy, 43 niñas y jóvenes, las más de 20 que sobreviven con graves quemaduras que se debaten entre la vida y la muerte y la situación de centenas de menores en los centros de internamiento en el país que presentan condiciones similares a las denunciadas por las víctimas. Nos horroriza que, conociendo las denuncias realizadas varios años atrás, no se hayan tomado las medidas necesarias para deslindar y sancionar responsabilidades, incluyendo la parte que le toca a Usted. Hoy, Guatemala nuevamente ocupa las esquelas fúnebres de Latinoamérica y se consigna en la memoria abierta ¡Fue el Estado!

Acusamos la falta de una respuesta oportuna por parte del Estado guatemalteco ante la solicitud de información que realizó el pasado 31 de enero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el albergue Virgen de La Asunción, por lo cual las autoridades incumplieron con su responsabilidad internacional de salvaguardar y proteger los derechos humanos de las niñas y jóvenes del albergue.

Frente a este contexto de dolor e impunidad le instamos a que su actuar y decisiones favorezcan un proceso de Verdad y Justicia para las víctimas, sobrevivientes, familiares, y todo el pueblo de Guatemala. Señor Presidente en sus manos está la responsabilidad de hacer valer el postulado ¡Guatemala, Nunca Más!.

No más violencia contra las Mujeres”

Ni una menos”

 16 de marzo de 2017, Continente Americano.

Firma la petición en línea aqui:

https://www.change.org/p/jimmy-morales-carta-abierta-al-presidente-de-guatemala?recruiter=696934694&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink

Para ver el listado completo de firmas descargue el documento aquí

Carta traducida al ingles

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